El Instituto Canario de la Mujer prevé contactar con la familia para presentarse como acusación particular, ya que el agresor está detenido, después de haberse intentado quitar la vida ingiriendo unas pastillas, lo que, finalmente, no logró.
Instituciones y miembros del Foro Contra la Violencia de Género convocaron concentraciones silenciosas y movilizaciones para rechazar esta nueva muerte.
JUAN MANUEL PARDELLAS
www.elpais.comEl Protocolo de Coordinación Interinstitucional para la Atención de la Víctimas de Violencia de Género en Canarias, impulsado por la Consejería de Justicia del Gobierno canario, corre serio riesgo de quedarse en agua de borrajas, ya que si bien fue firmado en su día por la propia Consejería de Justicia, el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, el Servicio Canario de Salud, el Instituto Canario de la Mujer, el Consejo Canario de Colegios de Abogados, la Jefatura Superior de Policía, los centros de Asistencia a Víctimas del Delito, el Instituto de Medicina Legal y la Delegación del Gobierno, ni los forenses, ni los magistrados ni funcionarios de los Juzgados de Violencia de Género, ni los médicos de atención primaria u hospitalaria, ni los Cuerpos y Fuerzas del Estado especializados en malos tratos, ni siquiera las policías locales ni los Servicios Sociales Municipales tienen constancia de su aprobación, y mucho menos de que debe ser aplicado.
Este desconocimiento del citado protocolo contrasta con las declaraciones hechas tanto por el consejero de Presidencia, Justicia y Seguridad, José Miguel Ruano, como por la titular de Bienestar Social, Inés Rojas, y la responsable del Instituto Canario de la Mujer, Isabel de Luis, que desde su aprobación el pasado 18 de marzo han insistido en que "Canarias es una dos las dos únicas comunidades autónomas de todo el Estado con un protocolo de este tipo que facilita la coordinación interadministrativa entre todos los agentes implicados en la lucha contra la violencia de género y redunda claramente en la mejora de la atención y la mayor agilidad".
Justicia la situación apuntando que "si los firmantes se comprometieron a cumplirlo y ahora no lo hacen, es algo que supera al Gobierno de Canarias, que lo que ha hecho es impulsar y sacar adelante este documento". No obstante, es la responsable de implementar este protocolo en el Instituto de Medicina Legal o entre el personal de Justicia.
Funcionarios y forenses.- Según ha podido comprobar EL DÍA, tanto los trabajadores de los Juzgados de Violencia de Género como los jueces y magistrados desconocen la existencia de este protocolo de coordinación. "Nosotros venimos trabajando igual desde hace años, y no sabemos nada de un protocolo nuevo", explican varios funcionarios, que afirman que "si se produce algún cambio es porque el juez o magistrado lo ordena, pero lo hace en base a su criterio personal, no a ningún protocolo".
Por su parte, los propios magistrados aseguran que "hay una gran ignorancia en este tema y si el Tribunal de Justicia de Canarias lo ha firmado, a nosotros no se nos ha informado de nada".
En el Instituto de Medicina Legal (IML), se da uno de los casos más curiosos, puesto que el profesional que participó en la elaboración del protocolo, dando sus aportaciones en las reuniones habidas en 2005, supo por este periódico que ya había sido aprobado y que las pautas que se recogen son, palabra por palabra, las que propuso.
Personal sanitario.- Si bien el documento fue firmado por dirigentes del Servicio Canario de Salud, este periódico ha tenido la oportunidad de hablar con cuatro médicos de atención primera de diferentes zonas de Tenerife y Gran Canaria que aseguran no tener siquiera idea de su elaboración. "Nosotros trabajamos con los partes de lesiones que se pusieron en funcionamiento cuando era consejera de Sanidad María del Mar Julios, y con esos seguimos trabajando, sin que nadie nos haya dicho que existen otros".
En este punto, el presidente del Colegio de Médicos de Santa Cruz de Tenerife, Rodrigo Martín, además de confirmar que ni él ni ningún otro facultativo que él conozca están al tanto del citado protocolo, aseguró que "cuando se hacen este tipo de documentos y no se cuenta con todas las partes lo que sucede es precisamente lo que nos estamos encontrando, es decir, un cacao legal. Lo lógico es que el Gobierno nos informe y que disponga medidas formativas, porque si no, no sirve de nada".
Tampoco la Confederación Estatal de Sindicatos Médicos de Tenerife sabe de la existencia de este protocolo y su aplicación en ningún centro de salud o en alguno de los centros hospitalarios.
Servicios Sociales.- No son firmantes del acuerdo, si bien en el protocolo se reconoce su importancia por tratarse de un servicio cercano al ciudadano y se aboga por su integración.
Consultados tres concejales de Asuntos Sociales de ayuntamientos tinerfeños, ninguno de ellos tenía noticia alguna de la existencia de este protocolo ni de ningún otro, salvo los que se están informando desde hace poco más de un año en la Juntas Locales de Seguridad y en los que no participa el Gobierno de Canarias.
"Cuando tenemos constancia de algún caso de maltrato damos parte a la Policía, y si la víctima acude directamente a nosotros la derivamos al Dispositivo de Emergencia para la Mujer Agredida perteneciente al teléfono de emergencias 1-1-2", explica una edil que asegura no entender cómo se puede haber elaborado y aprobado un documento tan importante "y que quede en balde".
"Pedimos continuamente más medios porque este asunto es muy grave, y para algo que se hace, se hace mal", sentencia.
G. MAESTRE, SEl Instituto de la Mujer de Extremadura (IMEX) promueve un curso interadministrativo sobre Género y Políticas de Igualdad que comenzará mañana martes en la Escuela de Administración Pública de Extremadura, en Mérida, y se desarrollará hasta el próximo jueves.
El curso, dirigido a personal funcionario de las administraciones públicas de Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura y Andalucía, tiene como objetivo formar a los funcionarios en igualdad de oportunidades, fomentar la transversalidad en los distintos departamentos de la Administración autonómica y hacer efectiva la Ley de Igualdad.
Se trata de impulsar acciones formativas para el conocimiento teórico y práctico necesario para favorecer la integración de la perspectiva de género en la programación y la gestión de las políticas públicas. Por otro lado, se persigue, con este curso, aportar nuevos enfoques en el debate sobre las estrategias para avanzar en la igualdad efectiva entre hombres y mujeres.
En el curso se abordarán cuestiones relacionadas con la violencia de género, la discriminación laboral, la corresponsabilidad familiar y el uso no sexista del lenguaje, entre otros asuntos, según informó la Junta en nota de prensa.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación presentará el miércoles la Oficina de la Mujer, cuyo propósito es erradicar la violencia contra el sexo femenino en todos los ámbitos.
La oficina estará a cargo de la ministra de la Corte Carmen Argibay.
El acto está previsto para las 15 en la Sala de Audiencias en el Palacio de Tribunales, Talcahuano 550, de esta capital.
"El trabajo de la Oficina de la Mujer se enmarca en la política de estado tendiente a prevenir y terminar con cualquier tipo de violencia de género", informó la Corte a través de un comunicado.
La Oficina cuenta con una secretaría encargada de establecer enlaces a nivel nacional con los Superiores Tribunales de las provincias y de la Ciudad de Buenos Aires, organismos, instituciones académicas y otras organizaciones que realicen tareas en la materia.
La Oficina de la Mujer contará asimismo con diversas áreas de trabajo para el diseño y coordinación de políticas institucionales que favorezcan la equidad de género.
Con la propuesta de adhesión de la Diputación de Palencia a dicha Red se apunta la importancia de la colaboración de las administraciones provinciales en cuanto a la difusión en los municipios menores de 20.000 habitantes.
Con esta adhesión además se solicita la elección por parte de la Diputación de los tres municipios donde se van a colocar señales de grandes dimensiones con el anagrama “STOP VIOLENCIA DE GÉNERO”. En este sentido la Institución Provincial ha considerado que sean los de mayor población: Guardo, Aguilar de Campoo y Venta de Baños, los que las acojan y los que celebren en sus respectivos centros culturales los actos que se programen con este fin desde la Consejería.
La Diputación colaborará también en la inclusión en su página web del distintivo elaborado para esta red y el enlace al texto del Pacto Social para la adhesión de las personas interesadas.
La Diputación de Palencia se compromete así, y como lo lleva haciendo desde siempre, con todas las actuaciones que tienen que ver con la lucha contra el maltrato a las mujeres, con las discriminaciones por cuestiones de sexo y con los atentados en general a los derechos de las personas.
www.gentedigital.esLa sentencia de un juzgado de Santander que condena a siete meses de cárcel por violencia de género a una mujer por agredir a su esposa es "un error judicial". Lo dijo este viernes el delegado del Gobierno para la Violencia de Género, Miguel Lorente, quien insistió en que este tipo de violencia es, por definición, la que ejerce el hombre hacia la mujer.
Para Lorente, el dictamen incurre en "una confusión continua" entre violencia doméstica y violencia de género. Por eso, "desde el punto de vista conceptual es un error", dijo a la agencia Efe. Lorente subrayó que la violencia de género nace de una "construcción cultural" basada en la desigualdad histórica entre hombres y mujeres por medio de la cual se considera que el varón es el garante de ese orden dentro de la relación.
A juicio del Delegado del Gobierno, "sorprende" que una persona que confunde violencia doméstica y violencia de género dicte una sentencia "basada en esa confusión".
Lorente sí admitió que se debe mejorar la asistencia y los recursos para afrontar nuevas situaciones como los matrimonios homosexuales. Pero recalcó que el Gobierno no contempla modificar la ley para incluir las relaciones de pareja entre gays y lesbianas, ya que sería "desnaturalizar el objetivo de la norma".
La sentencia ha aplicado directamente la calificación jurídica de los hechos que planteó la Fiscalía. En los antecedentes del dictamen, el juzgado reproduce en su integridad el escrito de cargos del Ministerio Fiscal, que encuadró los hechos en el artículo 153.1 del Código Penal.
Las dos mujeres estaban en trámites de separación después de 17 años de relación. El juez consideró "palmario" que la agresión constituyó un delito por violencia de género en la modalidad de maltrato físico. Lorente avanzó que "probablemente" la Fiscalía recurrirá el fallo, aunque ello supondría un cambio de criterio respecto a su propia postura en el juicio.
La sentencia ha dividido al colectivo feminista. Por un lado, la Confederación Española Colegas de Lesbianas, Gays, Bisexuales y Transexuales la apoya porque creen que sienta un precedente que mejorará la protección de los homosexuales.
Mientras, la presidenta de la Asociación de Mujeres Juristas Themis, Altamira Gonzalo, señaló que es de "una ignorancia supina" aplicar esta norma a las parejas de gays y lesbianas. Lo mismo opina Yolanda Besteiro, presidenta de la Federación de Mujeres Progresistas, quien afirma que la interpretación del juez "no se corresponde" con el espíritu de la ley integral.
www.publico.esLas Juntas Generales de Gipuzkoa homenajearon y reconocieron hoy "el valor cívico" de Juan Pablo Urtizberea por su actuación en la madrugada del pasado 9 de mayo, cuando recibió dos cuchilladas al intentar auxiliar a Yasmín Rodríguez, asesinada a manos de su ex marido en Irun.
La presidenta de las Juntas Generales, Rafaela Romero, en un acto celebrado en el Parlamento foral guipuzcoano, entregó al homenajeado una placa y una lámina de reconocimiento. En el mismo estuvieron presentes la mujer de Urtizberea, Conchi Miranda, la Junta y la Mesa de portavoces, y la Comisión de Políticas para la Igualdad de la Mujer.
Al evento asistió en representación del Gobierno vasco, la consejera de Medio Ambiente, Agricultura y Pesca, Pilar Unzalu, la Directora de Emakunde, María Silvestre y la Directora de la Oficina de Atención a las Víctimas de la Violencia de género, Mariola Serrano.
Urtizberea, quien firmó el libro de Honor de las Juntas, admitió que "desde el principio" sintió "frustración por no haber podido ayudar" a Yasmín Rodríguez "ni haber conseguido nada".
No obstante, deseó que su actuación sea un ejemplo y "sirva para que las demás personas actúen de la misma manera" que él lo hizo aquel 9 de mayo.
"EJEMPLO"
"No me lo pensé dos veces porque, cuando ves un accidente, lo primero que intentas es echar una mano", aseguró. Así, se mostró "convencido de que los ciudadanos harían lo mismo", y manifestó su voluntad de ser un ejemplo para que "se expandan y se pongan en relieve esos valores, que se propague ese civismo y esa educación".
Por su parte, Romero aplaudió el "paso al frente" que dio Urtizberea "al pasar del discurso a la acción", ya que "evidencia que el maltrato y la violencia frente a la mujer no es un problema sólo de mujeres que afecta a las mujeres, sino que es un problema de todas las personas que afecta a la convivencia democrática".
Asimismo, agradeció la ayuda prestada a Yasmín Rodríguez y reconoció "el valor cívico ciudadano que entraña su acción aquella trágica madrugada".
"Usted paró parta ayudarla y además renunció al miedo del cuchillo que portaba el asesino, olvidó el temor que a cualquiera hubiese paralizado, no fue egoísta e intentó ayudar a la mujer herida", reconoció. Según señaló, Urtizberea dio "el paso que piden a gritos" aquellas personas que hacen frente "con ahínco" a la violencia de género.
El INAMU, creado mediante una ley a finales de 2008, es una entidad con autonomía presupuestaria y de gestión que velará porque los proyectos del Gobierno de Panamá contemplen el desarrollo integral de la mujer, según informó hoy en un comunicado el Ministerio de Desarrollo Social (Mides).
Según la ministra del Mides, María Roquebert León, "era necesario contar con una instancia que trabaje en la prevención y atención integral de las problemáticas que afectan a las mujeres", como la pobreza, el analfabetismo, el desempleo, las diferencias salariales, y el desigual acceso al crédito, a la salud y a la vivienda.
La nueva entidad también desarrollará políticas que ataquen las causas de la violencia contra la mujer, así como programas para promover la equidad en el acceso a los recursos económicos.
El primer estudio sobre los efectos de la violencia de género en el país, denominado "Feminicidio en Panamá 2000-2006", reveló en septiembre pasado que durante esos seis años, 133 mujeres fueron asesinadas por razones asociadas con su género.
En el primer trimestre de este año, se registró la muerte violenta de 18 mujeres a manos de sus parejas o sus ex parejas, según información de la Defensoría del Pueblo de Panamá.
La vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y presidenta del Observatorio contra la Violencia de Género, Inmaculada Montalbán, dijo hoy esperar que el Ministerio de Justicia abra expediente disciplinario, si es que no lo ha hecho ya, sobre el forense que, con dos órdenes de alejamiento, reconoce a mujeres maltratadas en Asturias.
En declaraciones a los periodistas en Córdoba, Montalbán hizo así referencia al hecho de que uno de los médicos forenses que evalúa a víctimas de violencia de género en Asturias tenga dictadas contra él dos órdenes de alejamiento por acoso telefónico y vejaciones injustas a dos mujeres en dos partes distintas de España.
Al respecto, la vocal del CGPJ afirmó desconocer el caso, pero sí reflexionó que "los órganos judiciales especializados en violencia sobre la mujer exigen formación y preparación, tanto de jueces, fiscales y personal auxiliar". Manifestó que "evidentemente el médico forense es un personal muy importante porque es quien dictamina si hay lesiones físicas o psicológicas o si hay posible riesgo de agresión".
De este modo, consideró que "si un profesional que interviene en un juzgado de violencia está inmerso en un proceso penal por malos tratos contra la mujer, se generan dudas y se cuestiona la imparcialidad, la preparación y la objetividad de ese profesional". Explicó que en estos casos "la Ley prevé que el Ministerio de Justicia debe depurar si hay responsabilidad disciplinaria".
Por lo tanto, confió en que "abra expediente disciplinario, si no lo ha hecho ya, a efectos de determinar si esa imparcialidad o preparación está cuestionada" y en este caso ver "si procede la suspensión de funciones de las personas que incumplen con sus obligaciones". Inmaculada Montalbán se mostró convencida de que "se actuará con rigor en este tema" en base a la investigación de los hechos.
