En Sevilla hay en vigor 1.300 órdenes de alejamiento relacionadas con casos de violencia machista, una cifra que desborda a los agentes del orden encargados de controlarlas. Desde hace un par de semanas, el riesgo que corren esas víctimas se valora de forma más exhaustiva para dar prioridad a los casos de mayor peligro.
Las órdenes de alejamiento han ido creciendo en los últimos años, a medida que aumentaba la concienciación sobre los malos tratos. El 30 de junio había 1.300 en toda la provincia. La cantidad sería inabarcable si todas fueran igual de urgentes, y un cálculo muy por encima apunta por qué: hay unos 2.500 policías nacionales y 2.000 guardias civiles, los cuerpos encargados de vigilarlas, que divididos en tres turnos de trabajo al día suponen unos 1.500 agentes en la calle, pocos más que el número de órdenes incluso si se dedicaran a estas labores todos los efectivos policiales. Y por supuesto, no es así. El Equipo especializado en familia de la Guardia Civil tiene media docena de efectivos, el Servicio de Atención a la Familia de la Policía una decena, y el grupo específico que vigila los alejamientos, una veintena.
El propio subdelegado del Gobierno, Faustino Valdés, admitía en junio en unas jornadas sobre maltrato que sería “imposible” proteger a las víctimas si todas las que tienen una orden de alejamiento precisaran a un policía pegado a ellas todo el día.
Por eso, la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, dentro del espíritu de la Ley Integral contra la Violencia de Género en vigor desde 2005, ha ido dictando instrucciones para evaluar el riesgo de las víctimas, que antes eran leve, medio o grave. Cada uno exige determinadas precauciones, desde llamarlas por teléfono o visitarlas cada cierto tiempo hasta ofrecerles un móvil gratuito que las conecte las 24 horas al policía que sigue su caso o vigilar el entorno en el que la mujer debe moverse, como si se tratara de un guardaespaldas. En una última instrucción, de final de julio, se creó la nueva categoría de riesgo extremo, que ahonda en la necesidad de potenciar la coordinación policial y judicial para proteger a las mujeres que sufren agresiones machistas.
Esa orden, y el nombramiento de una nueva coordinadora de Violencia de Género en la Delegación del Gobierno andaluza, ha impulsado esta forma de evaluar los riesgos de las órdenes de protección, lo que según la fiscal jefe de la Audiencia de Sevilla, María José Segarra, “es un instrumento muy interesante que nos sirve muchísimo para saber qué tenemos entre manos, y poder decidir qué medidas hacen falta en cada caso”.
Segarra asegura que este cambio se ha notado en los últimos meses. Sobre su mesa, el ejemplo de una mujer, evaluada el 20 de julio por la Guardia Civil según el protocolo de riesgos que manejan los cuerpos de seguridad. El peligro era alto. Nueve días después, valorada de nuevo como exige ese grado de peligro, el riesgo se había convertido en extremo. Ésa es la mala noticia. La buena es que sobre la mesa de la juez de Violencia y de los fiscales hay ahora un informe cada vez que se produce esta situación, “y es un goteo continuo, de los casos que detectan Policía Nacional y Guardia Civil, que son el referente más cercano para estas mujeres desde el punto de vista de la vigilancia y la protección”.
Segarra destaca que el test con el que se valora qué nivel de custodia necesita cada mujer “está completamente objetivado”, ya que consiste en toda una serie de preguntas tipo, que ponen en valor si el agresor tiene antecedentes o licencia de armas, si es alcohólico o sufre problemas mentales, si ha acosado a la víctima en los últimos meses o si ésta lo ha visto rondando por su casa desde la anterior evaluación. Y al ser automático, es muy rápido hacerlo.
Iria Comesaña
http://www.elcorreodeandalucia.es/
La impunidad en los casos de 'bullying'
Hace 7 años
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