La vida de unas seis decenas de víctimas de la violencia machista de la provincia corre un serio riesgo. Su protección se antoja prioritaria, pero ningún policía o guardia civil puede vigilarlas las 24 horas del día. Una alternativa para garantizar su seguridad es la escolta privada, que ya se asigna a muchas mujeres por parte de los Gobiernos de comunidades autónomas como el País Vasco o Navarra.
La Verdad acogió un debate para examinar la viabilidad de esta iniciativa. En ella participaron dos integrantes de la Asociación de Mujeres para la Integración de las Víctimas de Violencia (Amiavv), de Sant Joan, el ex diputado autonómico Antonio García Agredas, representantes de la empresa Fomento de Protección y Seguridad (FPS), la psicóloga de la Universidad Miguel Hernández (UMH) Mari Carmen Pomares y dos agentes de la Policía Local que forman también a escoltas.
La idea de asignar guardaespaldas a mujeres maltratadas cuya integridad física está amenazada no es nueva en la Comunidad Valenciana. Ya en marzo del 2006 el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presentó el Plan Contra la Violencia de Género que se ejerce contra las Mujeres 2005-2009, que incluía en uno de sus 67 puntos esa propuesta.
Las Consellerias de Justicia y Bienestar Social debían ser las encargadas de articular la medida, respaldada además por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a finales del pasado año. No obstante, el proyecto del Gobierno valenciano ha caído en el olvido. O al menos no se ha vuelto a tratar el asunto.
Juani Burgos y Clara García pertenecen a Amiavv, una de las pocas asociaciones creadas en España por víctimas de la violencia de género. Durante el debate exponen la angustia y el miedo constante que atenaza a las maltratadas. «Tenemos que estar siempre huyendo, no sólo nosotras, sino también nuestros hijos. Estamos muchas veces muertas en vida», relata la primera.
Ambas mujeres exigen a los poderes públicos que las protejan de sus maltratadores, a quienes muchas veces no detienen las órdenes de alejamiento. Su ataque, según un inspector de FPS que prefiere ser citado con las siglas de su nombre, A.C.M., por la particularidad de su trabajo como escolta o sus tareas de «contravigilancia», es distinto al de cualquier otro delincuente: es furibundo, «no adopta ninguna precaución a nivel personal porque le da igual que lo detengan, sólo quiere matar o hacer daño» a la víctima.
Esa obsesión por agredir a su ex compañera explica que muchos de los asesinatos machistas se cometan en plena calle, en cuestión de segundos, y que muchos de los asesinos se quiten la vida después de hacerlo con la víctima.
Movimientos estudiados
Por lo general, el agresor ha tenido tiempo de estudiar los movimientos de su objetivo. Sabe cuándo sale de casa y en qué lugar es más vulnerable a sus intenciones homicidas.
Ahí radica la importancia de tener a un profesional cerca para garantizar la protección de la víctima. «Eso desde luego no lo va a hacer un policía para cada 58 personas», advierte de inmediato el escolta de FPS.
Tanto José Antonio Corrales como Francisco Nicolás, agentes municipales de Elche y Albatera, respectivamente, e instructores de guardaespaldas que han formado ya a un centenar de ellos en violencia de género entre Alicante y Murcia, coinciden en la escasez de personal en las fuerzas de seguridad para llevar a cabo esos cometidos. «Hay muchas carencias porque a veces hay 1.000 ó 1.500 mujeres para diez o quince policías, así que sólo se pueden hacer los seguimientos por teléfono», apunta el primero, que trabaja en una unidad especializada en violencia de género.
En la provincia, unas 600 víctimas de la violencia machista disponen de un servicio de teleasistencia que les conecta ante cualquier incidencia con los policías o guardias civiles encargados de su protección. Sin embargo, en ocasiones, este instrumento no es suficiente para garantizar su integridad física.
Para Nicolás, «la mayor parte del problema» a la hora de aplicar la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer es la «descoordinación» entre los diferentes estamentos y administraciones implicadas en su desarrollo. A su juicio, se deben «maximizar los recursos» y llegar a un diagnóstico certero del grado de riesgo en que se encuentra cada mujer para actuar en consecuencia. «Tenemos una infraestructura en muchos municipios, los asistentes sociales, que son los primeros que deben detectar el problema y derivarlo al ámbito de la seguridad», explica.
El representante político, Antonio García Agredas, ha sido concejal durante muchos años de Policía y Servicios Sociales, entre otras materias. Es crítico con la ley integral aprobada hace cinco años por el Parlamento a instancias del Gobierno socialista porque «no protege suficientemente» a las mujeres y la «legislación sin financiación no tiene sentido».
Pese a la burocracia y las consabidas dificultades presupuestarias, este fundador de Alianza Popular considera «viable» la asignación de escoltas privados a las maltratadas que se encuentren en una situación de grave riesgo.
Nicolás y Corrales discrepan de él acerca de la bondad de la legislación. Consideran que las órdenes de alejamiento son un gran instrumento que favorece la actuación policial contra los maltratadores, entre otras cosas. Pero, claro, hace falta un «esfuerzo económico y de coordinación».
«La legislación ha avanzado muchísimo y es hiperprotectora. Se debe hacer un seguimiento tanto de la víctima como del agresor», señala el primero de los especialistas.
La ley integral contempla la creación de unidades de valoración del riesgo integradas por forenses y psicólogos, entre otros expertos. Sin embargo, en muchas autonomías, entre ellas la valenciana, aún no han echado a andar por falta de dotación económica.
Para Corrales, son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) los que deben asumir la coordinación de la protección de las víctimas. La seguridad privada sería entonces un «complemento específico» para situaciones muy individualizadas, señala el instructor.
«De eso hablo, de herramientas auxiliares», apunta A.C.M. Tanto él como la psicóloga y criminóloga Pomares alaban la «eficacia de la escolta» en casos de grave riesgo para la integridad física de las víctimas de malos tratos.La medida, además, puede ayudar según estos expertos a aliviar la sensación de miedo e «indefensión» que sienten muchas de ellas.
«Para nosotras, que creíamos que el juzgado nos iba a solucionar el problema, sería un respiro. Además, animaría a muchas más mujeres a denunciar a los maltratadores», señala Clara García. Ellas quieren poder salir de casa sabiendo que alguien está cerca para evitar un ataque repentino y protegerlas tanto a ellas como a sus familiares directos.
«La escolta es una garantía muy amplia», apunta la psicóloga y puede contribuir a reducir lo que se conoce como «victimización secundaria», ese entramado burocrático que hace que la perjudicada sienta reforzada su condición de víctima.
El responsable del departamento comercial de Fomento de Protección y Seguridad Pedro Ignacio Ramón considera necesario que se abra de una vez por todas el debate sobre la utilización de guardaespaldas frente a la lacra de los malos tratos para que la sociedad «se proteja a sí misma».
«Si yo estoy con vosotras os aseguro que no os va a pasar nada. Me ocurrirá a mí, pero a vosotras no», concluye el escolta A.C.M.
La Verdad acogió un debate para examinar la viabilidad de esta iniciativa. En ella participaron dos integrantes de la Asociación de Mujeres para la Integración de las Víctimas de Violencia (Amiavv), de Sant Joan, el ex diputado autonómico Antonio García Agredas, representantes de la empresa Fomento de Protección y Seguridad (FPS), la psicóloga de la Universidad Miguel Hernández (UMH) Mari Carmen Pomares y dos agentes de la Policía Local que forman también a escoltas.
La idea de asignar guardaespaldas a mujeres maltratadas cuya integridad física está amenazada no es nueva en la Comunidad Valenciana. Ya en marzo del 2006 el presidente de la Generalitat, Francisco Camps, presentó el Plan Contra la Violencia de Género que se ejerce contra las Mujeres 2005-2009, que incluía en uno de sus 67 puntos esa propuesta.
Las Consellerias de Justicia y Bienestar Social debían ser las encargadas de articular la medida, respaldada además por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) a finales del pasado año. No obstante, el proyecto del Gobierno valenciano ha caído en el olvido. O al menos no se ha vuelto a tratar el asunto.
Juani Burgos y Clara García pertenecen a Amiavv, una de las pocas asociaciones creadas en España por víctimas de la violencia de género. Durante el debate exponen la angustia y el miedo constante que atenaza a las maltratadas. «Tenemos que estar siempre huyendo, no sólo nosotras, sino también nuestros hijos. Estamos muchas veces muertas en vida», relata la primera.
Ambas mujeres exigen a los poderes públicos que las protejan de sus maltratadores, a quienes muchas veces no detienen las órdenes de alejamiento. Su ataque, según un inspector de FPS que prefiere ser citado con las siglas de su nombre, A.C.M., por la particularidad de su trabajo como escolta o sus tareas de «contravigilancia», es distinto al de cualquier otro delincuente: es furibundo, «no adopta ninguna precaución a nivel personal porque le da igual que lo detengan, sólo quiere matar o hacer daño» a la víctima.
Esa obsesión por agredir a su ex compañera explica que muchos de los asesinatos machistas se cometan en plena calle, en cuestión de segundos, y que muchos de los asesinos se quiten la vida después de hacerlo con la víctima.
Movimientos estudiados
Por lo general, el agresor ha tenido tiempo de estudiar los movimientos de su objetivo. Sabe cuándo sale de casa y en qué lugar es más vulnerable a sus intenciones homicidas.
Ahí radica la importancia de tener a un profesional cerca para garantizar la protección de la víctima. «Eso desde luego no lo va a hacer un policía para cada 58 personas», advierte de inmediato el escolta de FPS.
Tanto José Antonio Corrales como Francisco Nicolás, agentes municipales de Elche y Albatera, respectivamente, e instructores de guardaespaldas que han formado ya a un centenar de ellos en violencia de género entre Alicante y Murcia, coinciden en la escasez de personal en las fuerzas de seguridad para llevar a cabo esos cometidos. «Hay muchas carencias porque a veces hay 1.000 ó 1.500 mujeres para diez o quince policías, así que sólo se pueden hacer los seguimientos por teléfono», apunta el primero, que trabaja en una unidad especializada en violencia de género.
En la provincia, unas 600 víctimas de la violencia machista disponen de un servicio de teleasistencia que les conecta ante cualquier incidencia con los policías o guardias civiles encargados de su protección. Sin embargo, en ocasiones, este instrumento no es suficiente para garantizar su integridad física.
Para Nicolás, «la mayor parte del problema» a la hora de aplicar la Ley Integral contra la Violencia sobre la Mujer es la «descoordinación» entre los diferentes estamentos y administraciones implicadas en su desarrollo. A su juicio, se deben «maximizar los recursos» y llegar a un diagnóstico certero del grado de riesgo en que se encuentra cada mujer para actuar en consecuencia. «Tenemos una infraestructura en muchos municipios, los asistentes sociales, que son los primeros que deben detectar el problema y derivarlo al ámbito de la seguridad», explica.
El representante político, Antonio García Agredas, ha sido concejal durante muchos años de Policía y Servicios Sociales, entre otras materias. Es crítico con la ley integral aprobada hace cinco años por el Parlamento a instancias del Gobierno socialista porque «no protege suficientemente» a las mujeres y la «legislación sin financiación no tiene sentido».
Pese a la burocracia y las consabidas dificultades presupuestarias, este fundador de Alianza Popular considera «viable» la asignación de escoltas privados a las maltratadas que se encuentren en una situación de grave riesgo.
Nicolás y Corrales discrepan de él acerca de la bondad de la legislación. Consideran que las órdenes de alejamiento son un gran instrumento que favorece la actuación policial contra los maltratadores, entre otras cosas. Pero, claro, hace falta un «esfuerzo económico y de coordinación».
«La legislación ha avanzado muchísimo y es hiperprotectora. Se debe hacer un seguimiento tanto de la víctima como del agresor», señala el primero de los especialistas.
La ley integral contempla la creación de unidades de valoración del riesgo integradas por forenses y psicólogos, entre otros expertos. Sin embargo, en muchas autonomías, entre ellas la valenciana, aún no han echado a andar por falta de dotación económica.
Para Corrales, son los Juzgados de Violencia sobre la Mujer (JVM) los que deben asumir la coordinación de la protección de las víctimas. La seguridad privada sería entonces un «complemento específico» para situaciones muy individualizadas, señala el instructor.
«De eso hablo, de herramientas auxiliares», apunta A.C.M. Tanto él como la psicóloga y criminóloga Pomares alaban la «eficacia de la escolta» en casos de grave riesgo para la integridad física de las víctimas de malos tratos.La medida, además, puede ayudar según estos expertos a aliviar la sensación de miedo e «indefensión» que sienten muchas de ellas.
«Para nosotras, que creíamos que el juzgado nos iba a solucionar el problema, sería un respiro. Además, animaría a muchas más mujeres a denunciar a los maltratadores», señala Clara García. Ellas quieren poder salir de casa sabiendo que alguien está cerca para evitar un ataque repentino y protegerlas tanto a ellas como a sus familiares directos.
«La escolta es una garantía muy amplia», apunta la psicóloga y puede contribuir a reducir lo que se conoce como «victimización secundaria», ese entramado burocrático que hace que la perjudicada sienta reforzada su condición de víctima.
El responsable del departamento comercial de Fomento de Protección y Seguridad Pedro Ignacio Ramón considera necesario que se abra de una vez por todas el debate sobre la utilización de guardaespaldas frente a la lacra de los malos tratos para que la sociedad «se proteja a sí misma».
«Si yo estoy con vosotras os aseguro que no os va a pasar nada. Me ocurrirá a mí, pero a vosotras no», concluye el escolta A.C.M.
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