María Victoria Revilla / Almería
Todo depende de lo que se diga, del tono con el que se diga y quién lo diga, pero el Ayuntamiento de Almería se ha comprometido por escrito a combatir la sutil línea que separa el halago de un "piropo indeseado" hasta el punto de que los trabajadores municipales que caigan en esta tentación serán penalizados con faltas que pueden llegar a ser tipificadas como muy graves.
La medida está incluida en el convenio colectivo de trabajo con vigencia hasta 2011 y su cumplimiento tiene carácter obligatorio tras su publicación este pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia. El Ayuntamiento se compromete en la cláusula adicional cuarta a elaborar un protocolo de actuación contra el acoso sexual y la violencia doméstica.
No se conoce denuncias en el Ayuntamiento de la capital por acoso sexual en el ámbito laboral que hayan trascendido públicamente y ni las hay en el recuerdo de María Muñiz, una de los ediles con mayor antigüedad -es miembro de la Corporación desde hace trece años-, si bien el equipo de Gobierno ha estimado oportuno asumir "la obligación de velar por un adecuado ambiente de trabajo", tal y como recoge el convenio.
La responsabilidad política de insertar en dicho texto el desarrollo de un protocolo de actuación no corresponde a una edil. Su inclusión fue aceptada por Pablo Venzal, ahora responsable de Hacienda, pero es a Muñiz, como nueva concejal de Personal la encargada de plasmar en la práctica el convenio. "Es un asunto al que hay que darle prioridad", comenta al respecto la representante del Partido Popular.
El convenio regula ya el acoso sexual como falta muy grave y establece que ha de definirse de forma "clara y amplia" las distintas modalidades de acoso sexual como el "chantaje" y los "piropos indeseados" de tal manera que las conductas indebidas sean perfectamente reconocibles y a cada una le correspondan las penalizaciones oportunas como faltas leves, graves y muy graves, según ha explicado Muñiz.
Los infractores o infractoras podrán ser, además, objeto de la apertura de un expediente de investigación "con participación activa de la representación de los empleados y empleadas, ágil y que garantice la confidencialidad e inmunidad de los testigos", matiza el convenio.
El Ayuntamiento anexa al mismo un código de conducta para combatir el acoso sexual y contrae el deber de proteger la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. En este caso, a más de un millar de empleados.
En materia de malos tratos, las obligaciones que asume el equipo de Gobierno son concretadas ya en el propio convenio como el derecho preferente de ocupar puestos de trabajo de igual categoría, si las víctimas necesitan cambiar de lugar de residencia; permisos retribuidos al objeto de facilitar las gestiones pertinentes como asistencia a juicios o a tratamientos psicológicos; la consideración de éstos como accidente laboral; ayudas económicas; suspensión de la jornada laboral con reserva del puesto o jornadas flexibles.
www.elalmeria.es
La medida está incluida en el convenio colectivo de trabajo con vigencia hasta 2011 y su cumplimiento tiene carácter obligatorio tras su publicación este pasado miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia. El Ayuntamiento se compromete en la cláusula adicional cuarta a elaborar un protocolo de actuación contra el acoso sexual y la violencia doméstica.
No se conoce denuncias en el Ayuntamiento de la capital por acoso sexual en el ámbito laboral que hayan trascendido públicamente y ni las hay en el recuerdo de María Muñiz, una de los ediles con mayor antigüedad -es miembro de la Corporación desde hace trece años-, si bien el equipo de Gobierno ha estimado oportuno asumir "la obligación de velar por un adecuado ambiente de trabajo", tal y como recoge el convenio.
La responsabilidad política de insertar en dicho texto el desarrollo de un protocolo de actuación no corresponde a una edil. Su inclusión fue aceptada por Pablo Venzal, ahora responsable de Hacienda, pero es a Muñiz, como nueva concejal de Personal la encargada de plasmar en la práctica el convenio. "Es un asunto al que hay que darle prioridad", comenta al respecto la representante del Partido Popular.
El convenio regula ya el acoso sexual como falta muy grave y establece que ha de definirse de forma "clara y amplia" las distintas modalidades de acoso sexual como el "chantaje" y los "piropos indeseados" de tal manera que las conductas indebidas sean perfectamente reconocibles y a cada una le correspondan las penalizaciones oportunas como faltas leves, graves y muy graves, según ha explicado Muñiz.
Los infractores o infractoras podrán ser, además, objeto de la apertura de un expediente de investigación "con participación activa de la representación de los empleados y empleadas, ágil y que garantice la confidencialidad e inmunidad de los testigos", matiza el convenio.
El Ayuntamiento anexa al mismo un código de conducta para combatir el acoso sexual y contrae el deber de proteger la dignidad de la mujer y del hombre en el trabajo. En este caso, a más de un millar de empleados.
En materia de malos tratos, las obligaciones que asume el equipo de Gobierno son concretadas ya en el propio convenio como el derecho preferente de ocupar puestos de trabajo de igual categoría, si las víctimas necesitan cambiar de lugar de residencia; permisos retribuidos al objeto de facilitar las gestiones pertinentes como asistencia a juicios o a tratamientos psicológicos; la consideración de éstos como accidente laboral; ayudas económicas; suspensión de la jornada laboral con reserva del puesto o jornadas flexibles.
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