La Junta de Personal del Ayuntamiento de Alicante, entidad que representa a los más de 1.800 funcionarios municipales y de la que forman parte todos los sindicatos con representación municipal, ha acordado reclamar al concejal de Recursos Humanos, Juan Seva, la elaboración de un protocolo que permita detectar y, en su caso, tratar el acoso laboral y sexual, si se produce en dependencias municipales.
No es la primera vez que el Consistorio recibe esta petición. Comisiones Obreras (CC OO) lo ha planteado en varias ocasiones, según recordaba ayer el secretario general de este sindicato en el Consistorio, Pablo Reig. En esta ocasión, ha sido la Unión General de Trabajadores (UGT), a través de José Antonio Amorós y Sabino Pardines, quien lo planteó al resto de delegados sindicales presentes en la Junta de Personal. La iniciativa fue aprobada por todos los representantes, a excepción de los de CSI-CSIF, que se abstuvieron en la votación.
La decisión de UGT viene precedida por una polémica surgida a mediados de julio durante una reunión del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento. Fuentes municipales consultadas por este diario explicaron que en aquella reunión, el jefe de Prevención del Consistorio planteó una nueva fórmula para tratar las denuncias sobre acoso laboral y sexual que se produzcan en el Ayuntamiento. La fórmula, según añaden estas mismas fuentes, es muy sencilla: solicitar del denunciante un escrito en el que relate los hechos por lo que, en su opinión, está siendo víctima de acoso y, seguidamente, una vez recibido, Prevención da traslado a la Fiscalía para que investigue los mismos.
Algunos sindicatos estuvieron en contra entonces de este planteamiento. Comisiones Obreras y el Sindicato Profesional de la Policía y Bomberos (SPPLB) votaron en contra de aquella propuesta. UGT tampoco comparte la fórmula, pero no pudo votar al no contar con delegado de Prevención. Los dos únicos votos en contra se encontraron con otros tantos a favor, a cargo del jefe del servicio y el propio concejal de Recursos Humanos. Hubo empate porque tanto el SEP-CV como CSI-CSIF se abstuvieron, mientras que los técnicos que forman parte del Comité de Seguridad y Salud dijeron que no votaban por no conocer la propuesta, según añadieron estas mismas fuentes.
Desde CC OO se ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante un certificado que acredite si durante aquella reunión se produjo algún acuerdo como consecuencia, por ejemplo, del voto de calidad del concejal o del propio jefe de Prevención. Comisiones entiende que no ha lugar este privilegio y que, por lo tanto, no es de aplicación la fórmula de enviar a la Fiscalía cualquier denuncia sobre acoso laboral o sexual.
En este contexto se produce hace un par de semanas la petición desde la vertiente ugetista para consensuar entre la empresa (el Ayuntamiento de Alicante) y los sindicatos un documento para concretar, por ejemplo, si una denuncia obedece a un verdadero caso de mobbing o si sólo es producto de una clima laboral conflictivo.
No es la primera vez que el Consistorio recibe esta petición. Comisiones Obreras (CC OO) lo ha planteado en varias ocasiones, según recordaba ayer el secretario general de este sindicato en el Consistorio, Pablo Reig. En esta ocasión, ha sido la Unión General de Trabajadores (UGT), a través de José Antonio Amorós y Sabino Pardines, quien lo planteó al resto de delegados sindicales presentes en la Junta de Personal. La iniciativa fue aprobada por todos los representantes, a excepción de los de CSI-CSIF, que se abstuvieron en la votación.
La decisión de UGT viene precedida por una polémica surgida a mediados de julio durante una reunión del Comité de Seguridad y Salud del Ayuntamiento. Fuentes municipales consultadas por este diario explicaron que en aquella reunión, el jefe de Prevención del Consistorio planteó una nueva fórmula para tratar las denuncias sobre acoso laboral y sexual que se produzcan en el Ayuntamiento. La fórmula, según añaden estas mismas fuentes, es muy sencilla: solicitar del denunciante un escrito en el que relate los hechos por lo que, en su opinión, está siendo víctima de acoso y, seguidamente, una vez recibido, Prevención da traslado a la Fiscalía para que investigue los mismos.
Algunos sindicatos estuvieron en contra entonces de este planteamiento. Comisiones Obreras y el Sindicato Profesional de la Policía y Bomberos (SPPLB) votaron en contra de aquella propuesta. UGT tampoco comparte la fórmula, pero no pudo votar al no contar con delegado de Prevención. Los dos únicos votos en contra se encontraron con otros tantos a favor, a cargo del jefe del servicio y el propio concejal de Recursos Humanos. Hubo empate porque tanto el SEP-CV como CSI-CSIF se abstuvieron, mientras que los técnicos que forman parte del Comité de Seguridad y Salud dijeron que no votaban por no conocer la propuesta, según añadieron estas mismas fuentes.
Desde CC OO se ha reclamado al Ayuntamiento de Alicante un certificado que acredite si durante aquella reunión se produjo algún acuerdo como consecuencia, por ejemplo, del voto de calidad del concejal o del propio jefe de Prevención. Comisiones entiende que no ha lugar este privilegio y que, por lo tanto, no es de aplicación la fórmula de enviar a la Fiscalía cualquier denuncia sobre acoso laboral o sexual.
En este contexto se produce hace un par de semanas la petición desde la vertiente ugetista para consensuar entre la empresa (el Ayuntamiento de Alicante) y los sindicatos un documento para concretar, por ejemplo, si una denuncia obedece a un verdadero caso de mobbing o si sólo es producto de una clima laboral conflictivo.
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