Educación oculta a una docena de profesoras víctimas de violencia machista

A las pasadas oposiciones de Secundaria se presentaron más de 35.000 personas. Sus nombres y apellidos aparecieron en una lista pública, en un tablón colocado estratégicamente en los pasillos de las Delegaciones Provinciales de Educación. Cualquier persona podía entrar allí y buscar un nombre en la lista y al instante sabría el día, la hora y el lugar donde debía examinarse uno de los opositores. ¿Y si un asesino buscara a su víctima en esa lista?

Ésta es una pregunta estrafalaria y provocadora, pero la Consejería de Educación ha tenido que buscarle una respuesta rápida para proteger a media docena de maestras víctimas de la violencia machista. En el último proceso, la Junta ha ocultado el nombre de seis aspirantes, seis mujeres que se escondían de sus parejas. Estas profesoras que, fuera de sus escuelas, sufrían insultos, golpes, amenazas y vejaciones a manos de sus maridos o de sus novios, entraron en una especie de programa de protección de testigos en su primer año de vigencia, un oasis de rapidez burocrática en el aparatoso y lento universo de la Administración.

Se les designó el tribunal en el que debían examinarse desde el más estricto secreto. El director general de Recursos Humanos de Educación se puso en contacto con ellas personalmente. Sus nombres no aparecieron en ninguna lista, ni en la de exámenes ni en la de resultados ni en el reparto de plazas. Ni siquiera los miembros del tribunal que las examinaron conocían sus nombres hasta unos minutos antes de verlas entrar por la puerta.

La normativa que hace de la Administración un muro de contención entre la víctima y su agresor es muy reciente. La estatal apenas tiene un año de vida, y la orden de la Consejería tiene meses. Poco más de una docena de maestras ha pedido amparo a Educación este curso.

en primera persona. Una de ellas fue Laura (nombre falso), una interina de una ciudad costera que acudió al examen de oposición escoltada por un policía de paisano. Su ex pareja estaba acusada de haber intentado asesinarla y, a espera del juicio, el magistrado dictó una orden de alejamiento para proteger a la víctima. Al ser interina estaba obligada a presentarse al examen. Su ex novio también era profesor y había formado parte de un tribunal de oposiciones, así que Educación la mandó a examinarse en un tribunal lejos de la provincia en la que éste impartía clases. Laura desapareció de la lista de opositores, se convirtió en un código cifrado que sólo conocía la Consejería. A última hora, cuando ya había reservado hotel en la ciudad donde debía presentarse, un desliz de la Junta dejó al descubierto su nombre en las listas de tribunales por internet. Educación tuvo que sacarla de allí y reasignarle un nuevo tribunal en la otra punta de la comunidad.

La ex pareja de Laura, según sus denuncias, la había amenazado con usar a sus influencias para evitar a toda costa que lograra la plaza. Probablemente era una estrategia para amedrentarla. Sea como fuere, Laura volvió a convertirse en un código cifrado y ya no pudo seguirle la pista.

En abril, Educación aprobó una orden que establecía que “las mujeres docentes víctimas de violencia de género que se vean obligadas a abandonar el puesto de trabajo en la localidad de destino para protegerse tendrán derecho al traslado a otro puesto en una localidad diferente”. Las maestras con plaza fija pueden solicitar un traslado conservando los privilegios de su antigüedad y su puesto, y las interinas pueden cambiar el destino que les ha tocado cubrir. Tienen que presentar una orden de alejamiento y, si aún no hay sentencia del juez, valdría un informe de la Fiscalía o de los servicios sociales que acrediten indicios de violencia machista.

No hay muchas que hayan estrenado esta orden. CC.OO dice que “despierta recelos pedir que te trasladen porque te están machacando en casa”. Seis profesoras lo hicieron. Se incorporarán a sus nuevos centros sin que nadie sepa de dónde vienen y qué circunstancias las han llevado allí.Otra variante es la de ocultar los nombres en las oposiciones, como hicieron otras seis profesoras. “La Junta es muy ágil en este tema. Puede tardar semanas en resolver un traslado por razones de salud, pero si se trata de violencia de género, el papeleo se resuelve rápido. Y si no hay plaza para alejar a la víctima de su agresor, se crea”, dicen en Educación.

Daniel Cela
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