Tres años después de la entrada en vigor de la Ley Integral contra la violencia de género muchos son los puntos de la normativa que aún quedan por desarrollar, sobre todo en lo referido a asistencia sanitaria, funcionamiento del sistema judicial y actuación ante casos de malos tratos en mujeres inmigrantes. Así lo recoge el último informe elaborado por Amnistía Internacional.
Uno de los principales aspectos que preocupan a los diferentes organismos y asociaciones que trabajan a diario con las víctimas de la violencia de género es la falta de recursos económicos y humanos para la ejecución de las medidas que se plantean, en la teoría, dentro de la Ley Integral, así como la ausencia de coordinación entre los diferentes sectores implicados, que dificultan que se pueda prestar apoyo a las mujeres.
Según María Jesús Martínez, representante de Amnistía Internacional, entre los compromisos nacidos de la Ley Integral contra la violencia de género que no se han cumplido están algunos vinculados con la asistencia sanitaria. No se ha llevado a cabo el plan de formación para los profesionales de la Sanidad, los hostales y los albergues siguen utilizándose como centros de emergencia y la asistencia es desigual, dependiendo de la comunidad autónoma en la que se preste.
En el ámbito de la Justicia también se observan deficiencias. La formación del personal de juzgados deja mucho que desear y la puesta en marcha de los juzgados especiales no ha supuesto un incremento en el número de investigaciones. Además, recuerda María Jesús Martínez, la falta de coordinación entre los diferentes segmentos provoca que las víctimas no dejen nunca de serlo.
Al mismo tiempo, no a todas las víctimas de la violencia doméstica se las trata de igual manera. Por ejemplo, las que sufren una enfermedad mental o problemas con el alcohol quedan fuera de la ley, y en el caso de las mujeres inmigrantes tampoco se les presta el apoyo que necesitan. Recordemos que, sin papeles en muchos casos, una denuncia puede suponer directamente una orden de expulsión, si ésta no prospera.
En este mismo sentido se expresa también la representante de la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda”, Nati Cabello, quien pide, además, un mayor número de campañas de sensibilización, pero permanentes y no puntuales, que sirvan para informar a las mujeres de dónde y cómo pueden pedir la ayuda que necesitan.
Desde La Rueda, que acogieron la Ley Integral como un paso importantísimo para la erradicación de la violencia de género, recuerdan que si no se aplica correctamente, se puede convertir en un laste. Los operadores sociales, políticos y judiciales tendrían que trabajar más para su desarrollo. Además, Nati Cabello denuncia la falta de recursos económicos y humanos, sobre todo en el apoyo a asociaciones y colectivos que, como el suyo, trabajan directamente con las víctimas.
Por ello, la Asociación para la Defensa de la Mujer “La Rueda” ha enviado una carta, tanto al presidente del gobierno como al de la comunidad autónoma, para que, en la próxima reunión que se celebrará en septiembre con las regiones, se aborde el problema de la violencia de género. Quieren que no haya diferencia de recursos en función de la comunidad en la que se viva y que se coordinen todos los recursos, locales, regionales y nacionales.
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