Ourense es la única ciudad gallega sin oficina para víctimas de violencia

OURENSE

El servicio garantiza la intimidad de los perjudicados a la hora de presentar denuncias y seguir su tramitación

Ourense es la única de las siete grandes ciudades gallegas que carece de una oficina judicial para la atención de las víctimas de violencia. A Coruña, Vigo, Lugo, Santiago, Pontevedra y Ferrol ya disponen de este servicio, que ofrece a los perjudicados por cualquier tipo de agresión o a sus familiares la posibilidad de presentar denuncias y seguir la tramitación de las mismas con total intimidad.

Las principales beneficiarias de esta oficina serían las víctimas de violencia de género, aunque los despachos abiertos en otras ciudades gallegas dan servicio también a personas que sufrieron agresiones sexuales u otro tipo de delitos violentos, como atracos, robos o crímenes. Este servicio ofrece ayuda a los afectados, o a sus familiares, para buscar asesoramiento jurídico, para seguir la tramitación de sus denuncias, para recibir información sobre subvenciones o ayudas y para obtener atención psicológica urgente tras el suceso violento.

La ley gallega para la prevención y tratamiento integral de la violencia de género, aprobada el 27 de julio de 2007, preveía ya la creación de oficinas de atención a las víctimas de delitos y decía que estas estarían «distribuidas de forma equilibrada en el territorio gallego». Unos meses más tarde, en noviembre, el presidente de la Xunta concretaba algo más y en respuesta a una pregunta parlamentaria de la oposición aseguraba que este servicio se pondría en marcha en todas las grandes ciudades gallegas.

En Ourense la creación de la oficina está pendiente de la construcción de un nuevo edificio judicial, pero los trámites se están retrasando. Por este motivo, el grupo popular ha registrado una proposición no de ley en el Parlamento Galego para instar a la Xunta a que la puesta en marcha del servicio no se demore más tiempo. El Concello de Ourense hizo lo mismo en abril de este año gracias a un acuerdo unánime de la corporación «pero hasta la fecha no se hizo nada», lamentaba ayer la concejala del PP Mónica Mourelo. El diputado Antonio Rodríguez, por su parte, se quejó del actual trato a las víctimas ya que sin la oficina «ponse en entredito a súa intimidade», dice.

Miguel Ascón
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