El ex directivo que ha denunciado por ´mobbing´ a la dirección, incluido a S. P., lleva meses en tratamiento psicológico por el supuesto trato "denigrante"
J.C.N.H lleva 28 años como trabajador de Emasagra pero los nueve últimos se han convertido, según confiesa a este diario, en un "verdadero calvario". En la actualidad, ocupa un despacho de la sede de Emasagra en la calle Molinos pero durante las siete horas diarias permanece de brazos cruzados: "no me asignan ninguna función".En enero presentó una denuncia en los tribunales porque "no aguantaba más", contra varios directivos de Emasagra –incluido S. P. actual consejero delegado– "perfecto conocedor desde 2006 del acoso laboral al que me han sometido".
El Juzgado de Instrucción 8 de Granada trata de aclarar ahora si existen indicios de delitos contra la integridad, lesiones psíquicas y contra los derechos de los trabajadores por parte de S P, el actual gerente R A, su antecesor en el cargo, A N; el director de la Fundación de Emasagra, L G; y el director económico financiero, F S A.
Dada la condición de aforado de S P –actual senador del PP–, el juez F Z elevó una consulta al Tribunal Supremo para saber si era competente para llevar la instrucción del dirigente popular. El alto tribunal estableció en un auto, que hizo público ayer La Opinión, que no se apreciaban, por el momento, indicios de delito por parte de P por lo que remite la causa de nuevo al Juzgado de Instrucción. No obstante, si de la investigación se desprendiera alguna infracción penal "inequívoca y relevante" del senador, el Supremo deja la puerta abierta a que sea la Sala Segunda de lo Penal la que lleve a cabo su enjuiciamiento.
Reunión con S. El denunciante, que ocupó en su día la jefatura del área de administración de Emasagra, asegura que él y otro compañero que ya se desligó de la empresa, víctima también del supuesto acoso laboral, acudieron en 2006 al Ayuntamiento para hablar con P. "Le dijimos que ya no aguantábamos más, que llevábamos seis años ninguneados, cada uno en un despacho sin hacer nada y él se comprometió a arreglar el asunto. Él conoce mi situación y está claro que como máximo responsable ejecutivo tiene mucho que decir ", precisa el denunciante, al que no le consta, por otro lado, que haya dado instrucciones directas para discriminarlo.
J.C.N.H. sitúa el origen del problema en el año 2000 cuando él y otros dos compañeros –estos dos últimos fuera ya de la empresa– denunciaron una serie de irregularidades,. Entonces, el consejero delegado era el hoy subdelegado de Gobierno, A C.
El despido de los tres se declaró improcedente y fue entonces cuando empezaron a sufrir la supuesta persecución laboral. Con la llegada del PP al gobierno de la ciudad, la situación no varió. Con el tiempo, sus dos compañeros solicitaron la resolución del contrato obteniendo una indemnización.
El denunciante asegura que a él le ofrecieron un puesto en la Fundación de Emasagra, responsabilidad que aceptó, no sin antes renunciar a su puesto en el comité de empresa. Tampoco allí tuvo un trabajo asignado, continuó el ninguneo hasta que el gerente R A le comunicó en diciembre pasado que debía volver de nuevo a la empresa, según su testimonio.
Fue en ese momento cuando confiesa que toca fondo y sufre una depresión que le lleva a presentar la denuncia ante los tribunales y, al mismo tiempo, solicitar una baja médica por problemas psicológicos que le mantuvo fuera durante cuatro meses. No obstante, precisa que a día de hoy sigue yendo a las consultas con el psicólogo.
"Mi situación era insostenible, no podía soportar por más tiempo el trato recibido y no me quedaba más salida que acudir al juez", argumenta el denunciante, quien afirma que no busca una indemnización millonaria sino mantener su puesto de trabajo en condiciones normales.
ÁLVARO CALLEJA
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