En una entrevista concedida a Europa Press, Aído señaló además que el ministerio ha introducido una modificación en citada Ley que reconocerá el permiso de trabajo independiente de su pareja en el caso de las extranjeras llegadas a España por reagrupación familiar, para que gocen de una independencia económica que les permita iniciar una vida al margen del agresor.
La ministra explicó que el Gobierno "es consciente del importante incremento" del número de víctimas extranjeras de la violencia machista, que actualmente suponen el 45 por ciento del total de fallecidas, así como de sus reticencias a denunciar. De las 75 mujeres asesinadas el año pasado, 34 eran extranjeras y, de ellas, el 17,6 por ciento habían acudido a la justicia, frente al 22% de españolas que lo hicieron, según los datos del Ministerio de Igualdad.
No obstante, la mayoría de las fallecidas no había presentado denuncia previa por maltrato, de forma que en el 80% de los casos, la justicia no tenía constancia de la situación. "Si el sistema no conoce que están siendo víctimas de este tipo de violencia no puede en ningún caso, ayudarlas", señaló la ministra, quien remarcó la importancia de la sensibilización de las mujeres, "para que en ningún caso minimicen el riesgo, porque corren peligro de muerte".
Los datos correspondientes a 2008 revelaron asimismo que un 18 por ciento de las 15 víctimas que sí habían acudido a la justicia decidieron después retirar la denuncia. La ministra afirma que "no se puede culpar" a estas mujeres, porque para ellas "es un paso muy duro reconocer que el hombre con el que conviven, el padre de sus hijos, es un asesino en potencia".
"Hay ocasiones en que dan marcha atrás y es difícil culpar a las mujeres porque den un paso de esas características (...) pero no podemos culpabilizarlas porque lo hagan, aunque obviamente, a ninguna nos gustaría que lo hiciesen", explicó.
Según apuntó, todas las mujeres tienen derecho en España a recibir asistencia social integral a través de las comunidades autónomas, una atención que contempla también el apoyo psicológico y al que podrían recurrir para sopesar la retirada de la denuncia o la suspensión de la medida cautelar antes de solicitarla.
En cuanto a la cifra en sí de fallecidas, la más alta en cinco años, la ministra explicó que si bien este es "el indicador que más duele, no puede ser el único medidor" de la eficacia de la Ley Integral de Medidas contra la Violencia de Género, porque "no es un punto de llegada, sino de partida".
En este sentido, destacó que desde la entrada en vigor del texto en diciembre de 2004, ya son "400 mujeres cada día en España las que deciden romper con las relaciones violentas" y señaló que si bien "el sistema no es perfecto, está mejorando".
MEDIDAS PARA LOS MALTRATADORES
Preguntada por su fe en la rehabilitación de los maltratadores, la ministra señaló que "en determinadas fases, entre la gente más joven, sí es posible y quizá cuando se trata de una persona madura sea más difícil" aunque remarcó que "no se puede desaprovechar ninguna opción para tratar de avanzar en una lucha como esta".
"Todas aquellas medidas que puedan contribuir a esa lucha contra la violencia de género, entre ellas la reeducación, independientemente de que pueda ser más o menos escéptica, deben ser puestas en marcha y debemos apostar por ellas, porque no nos podemos permitir que alguna medida que pudiera contribuir a disminuir este tipo de violencia quedara sin poner en marcha", señaló.
Por eso, afirmó que el Ministerio está trabajando con Instituciones Penitenciarias y las comunidades autónomas, "que son una parte fundamental en el proceso" para "mejorar los cursos" de reeducación de maltratadores vigentes en la actualidad. Para ello, apostilló, se están "elaborando criterios consensuados", conforme se acordó en la última Conferencia Sectorial de Igualdad.
