Un libro denuncia el drama de las mujeres maltratadas en República Dominicana

Un libro presentado hoy en Santo Domingo denuncia el drama de las mujeres víctimas de violencia doméstica y la cruda realidad del paso de éstas por las instancias responsables de protegerlas de sus agresores.

"Sobre vivencias: cuatro caso sobre violencia contra la mujer y su relación con el sistema de protección en Santo Domingo", es el título de la obra, publicada por el Centro de Estudio de Género de del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (INTEC) a solicitud del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

La coordinadora general del Centro de Estudio de Género de INTEC, Lourdes Contreras, dijo en la presentación del libro que éste refleja el dramatismo con que las mujeres del país viven la violencia física, psicológica, sexual y económica y, por otro lado, el comportamiento de las autoridades para asumir el tema.

La obra, explicó, no sólo revela los traumáticos casos vividos por las mujeres maltratas, si no que escudriña con los protagonistas su tortuoso paso por el sistema de justicia.
Contreras argumentó que "no basta con atender el caso, hay que entender la problemática", al tiempo que aseguró que la acción preventiva es casi inexistente en el país.

El libro narra las historias en primera persona de tres mujeres agredidas y un hombre agresor, que se entrelazan con más de 40 recuadros que analizan el fenómeno de la violencia desde el enfoque de género y derechos humanos, así como las características de la normativa e instancias de protección en el país.

Una de las historias más dramáticas es la de Teresa, quien creció en un entorno violento y a los seis años ya había sido víctima de maltrato físico e incesto por parte de su padre y su hermanos.
A los 11 años fue violada por tres hombres, quienes además de abusar sexualmente de ella, la cortaron en varias partes del cuerpo y la dejaron abandonada.

Buscando escapar del yugo de sus padres y hermanos, a temprana edad se convierte en víctima de explotación sexual comercial, lo que más adelante le lleva al tráfico internacional.
La coordinadora residente del PNUD en el país, Valery Juliand, señaló durante la presentación del libro que según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) la violencia doméstica es la principal causa de muerte entre mujeres de 15 a 44 años, generando más víctimas que el cáncer, accidentes de tránsito o la malaria.

Unas 185 mujeres fallecieron en la República Dominicana víctima de la violencia en 2008, un 16 por ciento más que en 2007, según cifras de la Procuraduría General dominicana citadas por Juliand.

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El juzgado exclusivo de violencia de género entrará en funcionamiento en junio de 2010

El Congreso de los Diputados aprobó una propuesta no de Ley para instar al Gobierno a su creación

La Comisión de Justicia del Congreso aprobó ayer una proposición no de Ley en la que se insta al Gobierno a que, antes del 30 de junio de 2010, entre en funcionamiento un juzgado exclusivo de violencia de género en la ciudad. La iniciativa, defendida por el PP, fue secundada después por el grupo socialista, ratificándose así el compromiso parlamentario para hacer realidad esta reivindicación de la judicatura ourensana. El PSOE confirmaba ayer que el juzgado entrará en funcionamiento en junio de 2010.

Antes del 30 de junio de 2010. Esa es la fecha tope para que entre en funcionamiento el juzgado exclusivo de violencia de género en la ciudad. Así consta en la proposición no de Ley aprobada ayer en la Comisión de Justicia del Congreso a iniciativa del PP en la que se insta al Gobierno a la creación de este demandado órgano judicial. Según el PP, ‘los socialistas intentaron mediante conversaciones que en lugar de instar con carácter inmediato al Gobierno se aceptase una fórmula ambigua como ‘a la mayor brevedad posible’ y pusiese una fecha’.
La diputada socialista (en el Parlamento gallego) Laura Seara anunciaba ayer que el juzgado entrará en funcionamiento en junio de 2010 y criticaba que el PP ‘queira levar o mérito dunha proposta nosa e vir agora a dicir que se non fose polo seu esforzo esta enmenda non sairía adiante’.

El diputado ourensano del PP Jesús Vázquez destacaba, por su parte, que ‘no queríamos que fuera una promesa incumplida’, por lo que valora lo ocurrido en la comisión ‘muy positivamente porque ha costado arrancar un compromiso para la sociedad ourensana sobre un juzgado muy reivindicado y necesario en la lucha contra la lacra de la violencia de género’.Aunque la negociación de la enmienda transaccional a la proposición realizada por el PP se tenía lugar en el Congreso, el alcalde de Ourense, Francisco Rodríguez, siguió de cerca sus resultados.

Así, mostró su ‘satisfacción por esta decisión do Goberno do Estado porque incluso antes de ser alcalde era unha demanda que viñamos formulando, sobre todo, na situa ción na que estamos a vivir, para poder contribuir a erradicar esta lacra’.

Destaca que la fecha ‘cumpre co compromiso do Goberno, cos cidadáns e comigo, de que en esta lexislatura se poría en marcha este xulgado’.Los asuntos de violencia de género los asume en la actualidad el Juzgado de Instrucción número 3 de Ourense, que los compatibiliza con los propios de instrucción. Todo ello ha generado una sobrecarga de trabajo en este juzgado, con 1.900 asuntos penales pendientes.

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Estudio de género arroja falta de protección para la mujer

Angel Pichardo Almonte
Un estudio sobre violencia de género realizado por el Centro de Estudio de Género del Instituto Tecnológico de Santo Domingo (Intec), con los auspicios del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), arroja que el Estado dominicano es incapaz de proteger y garantizar la seguridad de las víctimas de ese tipo de agresión.

El estudio, el cual será puesto en circulación hoy, resalta que existe desconexión entre los sectores llamados a atender el tema de la violencia de género.

Los datos fueron ofrecidos en el programa Uno + Uno, que se transmite por Teleantillas, por la encargada de género del PNUD, Raisa Crespo, y el investigador del Centro de Estudio de Géneros de Intec, Angel Pichardo Almonte.
Otro hallazgo fue que hay resistencia de diferentes sectores a aceptar que la violencia de género es un problema de poder, y que la violencia contra la mujer es un problema que tiene que ver con la forma en cómo hombres y mujeres son socializados a partir del poder.
Los investigadores dijeron que un elemento que se deriva de estos datos contenidos en el estudio es la atención diferenciada a las víctimas y al agresor. En ese sentido, Pichardo Almonte, resaltó el ejemplo de una mujer agredida en la propia fiscalía y su caso fue reenviado en los tribunales nueve veces.

Fallas
Raisa Crespo dijo que hay fallas en el sistema de protección, y que existe una desconexión entre una situación y otra en el seguimiento de los casos de reiteradas agresiones. Sostiene que igualmente, hay falta de información para las referencias de las denuncias de una institución a otra, de las que trabajan en el problema.

Escrito por: ALEIDA PLASENCIA
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Coín crea una unidad de Policía Local para prevenir la violencia de género

La patrulla trabajará de paisano con el objetivo de controlar el contrabando de estupefacientes, la venta de drogas a los jóvenes y el absentismo escolar

El equipo de gobierno de Coín ha decidido intensificar la seguridad en el municipio. Para ello ha puesto en funcionamiento una unidad especial perteneciente al cuerpo de la Policía Local que está compuesta por dos agentes que patrullarán las calles de esta localidad vestidos de paisano.

El alcalde de Coín, el socialista Gabriel Clavijo, señaló que esta nueva unidad se centrará en unas funciones principales como son evitar casos de violencia de género, situaciones de absentismo escolar e impedir la venta de drogas a los jóvenes.

Este último asunto es el que más preocupa no sólo al gobierno local, sino también a la comunidad educativa, por lo que la Policía Local trabajará para evitar este riesgo para los jóvenes de manera conjunta con la dirección de los centros escolares. Y es que, según explicó el regidor municipal, la principal dificultad con la que se encuentran los agentes a la hora de evitar la venta de sustancias ilegales a los menores es la identificación de las personas que cometen estos delitos.

"Es complicado localizar a estas personas que se acercan a los centros educativos, la mayoría de ellas ajenas a los colegios e institutos, cuando los agentes están uniformados y acuden con sus vehículos, por ello esta patrulla al ir vestidos de paisano podrán realizar este trabajo de manera más efectiva al no ser identificados de forma tan rápida", agregó Gabriel Clavijo.Asimismo, el responsable municipal señaló que al igual que esta unidad realizará sus funciones contando con la información que les aportarán desde la dirección de los centros educativos para eliminar la venta de drogas a los jóvenes, también trabajará en colaboración con los agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil que operan en el municipio.

Los agentes que componen esta unidad ya están recorriendo las calles de Coín, así que el equipo de gobierno esperará a comprobar los resultados de este trabajo y no descartan incrementar el número de efectivos que se dedican a este objetivo en el caso que sea necesario.

Manuela Herreros

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Las instituciones vascas refuerzan su colaboración contra la violencia machista

El lehendakari, diputaciones, Eudel, el TSJPV, el CGPJ y los consejos Médico y de la Abogacía rubricaron el texto.

"Éste es un paso más. Todavía quedan muchos por delante, pero estamos dispuestos a darlos y a convencer a la ciudadanía de que la violencia tiene que acabar", declaró ayer el lehendakari, Juan José Ibarretxe.

Con los máximos representantes del ámbito sanitario, judicial, educativo y las administraciones locales suscribió el II Acuerdo interinstitucional para la mejora en la atención a mujeres víctimas de maltrato en el ámbito doméstico y de violencia sexual, con el que la CAV luchará con más ahínco contra los casos de violencia de género que cada día ocurren en Euskadi.

Este nuevo acuerdo es la continuación, ampliada y adecuada a las nuevas circunstancias, del que se firmó en 2001, que supuso uno de los "hitos más importantes" por lo que respeta a la mejora en la intervención pública contra la violencia hacia las mujeres, según fuentes de Lehendakaritza.

El nuevo acuerdo fue suscrito por el propio lehendakari, los tres diputados generales, José Luis Bilbao, Markel Olano y Xabier Agirre; el presidente de Eudel, Jokin Bildarratz; la fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, María Angeles Montes; Margarita Uria, en representación del Consejo General del Poder Judicial; el presidente del Consejo Médico Vasco, Enrique Tellería, y Juana Balmaseda, del Consejo Vasco de la Abogacía. adecuarlo al tiempo

El tiempo pasa y el tratamiento institucional que recibe la violencia machista va ampliándose para hacerle frente desde varios ángulos. Por lo que para adaptarse, el acuerdo incluye los nuevos instrumentos jurídicos específicos, detallados en diferentes leyes orgánicas, como las órdenes de protección y los Juzgados de Violencia sobre la Mujer; protocolos con principios generales de actuaciones, que los profesionales deberán tener en cuenta a la hora actuar, y un nuevo ámbito de intervención: la educación.
Sobre este último ámbito, el acuerdo "tratará de dar respuesta a las situaciones de malos tratos y de violencia sexual que se puedan producir y/o detectar desde el ámbito escolar", indica el texto. Una iniciativa vanguardista y, al mismo tiempo, necesaria dado que cada vez se detectan casos de violencia machista en edades más tempranas, incluso desde las primeras relaciones de pareja.

En cuanto a los protocolos de actuación detallados en el texto, el objetivo es que los profesionales sanitarios, policiales, judiciales y de los servicios sociales sepan en todo momento cómo actuar y cómo coordinarse con otras administraciones, con el fin de "garantizar a las víctimas una protección eficaz y una atención integral".

Ibarretxe mostró su satisfacción hacia el acuerdo, ya que supone que "todas las instituciones implicadas trabajan juntas en este campo". No obstante, recordó que "no hay que olvidar que este tipo de medidas son paliativas y que no resolverán la situación, porque el maltrato contra las mujeres no desaparecerá mientras haya desigualdad". El lehendakari se refirió a la violencia de género como "una de las grandes vergüenzas del siglo XXI" y advirtió de que esta "lacra no desaparecerá mientras sigamos tratando de diferente manera a las personas por el mero hecho de que hayan nacido hombre o mujer".
Ibarretxe también expresó su deseo de conseguir una sociedad "militante en la lucha por la igualdad", en la que los hombres y las mujeres establezcan una "coalición estratégica". Por su parte, la directora del Instituto Vasco de la Mujer (Emakunde), Izaskun Moyua, destacó que la firma del acuerdo supone "la visualización de la unión y el esfuerzo conjunto" para atender a las mujeres que son víctima de la violencia doméstica o sexual. seguimiento

Con el fin de hacer un seguimiento y de impulsar el cumplimiento de los compromisos adquiridos, el texto prevé la creación de dos órganos, la Comisión de seguimiento y el grupo técnico interinstitucional, compuestos por representantes de rango político y técnico de las instituciones participantes en el acuerdo. El acuerdo viene a desarrollar el artículo 62 de la Ley para la Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres aprobada por el Parlamento vasco, que obligaba a la administración de la CAV a impulsar acuerdos de colaboración interinstitucionales con el objetivo de favorecer una actuación coordinada y eficaz ante los casos de maltrato y garantizar, al mismo tiempo, una atención integral y de calidad a las víctimas.

G. Forner
www.deia.com

Los juzgados de Violencia Doméstica suspenden siete vistas por la huelga

Tercer lunes consecutivo de paro para reclamar un complemento.

Los dos juzgados de Violencia Doméstica existentes en Zaragoza, los únicos de Aragón, se declararon ayer de nuevo en huelga, por tercer lunes consecutivo. El paro, que supuso la suspensión de siete vistas orales, va destinado a reclamar a la DGA el pago de un suplemento económico por la especificidad del trabajo que realizan los funcionarios asignados a este servicio.

Los trabajadores de Violencia Doméstica ya se movilizaron por el mismo motivo los pasados 19 y 26 de enero y no depondrán su actitud, según indicó la junta de personal de los juzgados de Zaragoza, hasta tanto no se haga efectivo el pago del suplemento.

Los funcionarios zaragozanos han denunciado que sus salarios son inferiores en 440 euros a los que perciben personas con capacitación y función similar en otras comunidades autónomas. Esta situación hace que numerosos trabajadores soliciten su traslado a otros organismos judiciales, lo que a su vez genera una inestabilidad que afecta a la buena marcha de los juzgados.

JUNTA DE JUECES Por otro lado, mañana está previsto que se reúna la Junta Autonómica de Jueces, que adoptará una postura sobre la huelga de magistrados convocada en toda España para el día 18 de febrero.

El resultado de la reunión es imprevisible, pues dos de las asociaciones de magistrados más representativas se desmarcaron días atrás de la huelga, con la que se pretende protestar por las deficiencias que padece del sistema judicial debido, principalmente, a la escasez de medios técnicos, materiales y humanos.

En una reunión mantenida el pasado 21 de enero, la Junta Autonómica de Jueces de Aragón optó por no pronunciarse sobre la huelga, a la espera de que el Ministerio de Justicia diera una respuesta a sus reivindicaciones. En cambio, los magistrados de Teruel, en una votación aparte, tomaron la decisión de adherirse a los partidarios del paro. De llevarse a cabo el paro, sería el primero en su género que se produce en España.

www.elperiodicodearagon.com

Alejo pide a la Benemérita «un compromiso personal» contra la violencia de género

Miguel Alejo saluda a dos de los mandos rurales de la Guardia Civil ICAL

El delegado del Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo aprovechó ayer la presentación del Plan de Lucha contra la Violencia de Género en el Medio Rural para recordar a los mandos de la Guardia Civil -presentes en el acto- que en este asunto no vale «la doble moral» ni cabe «una postura oficial y otra personal que «en algunas ocasiones lamentables» se aplica para «justificar algunas actitudes»».

Alejo insistió en que no existen más que «las convicciones éticas» y que este tipo de violencia «no está nunca justificada». por lo que reclamó a los responsables de la Benémerita un «compromiso personal» que trascienda al del mero funcionario o miembro de la Guardia Civil, en una tarea en la que, repitió, «no cabe una postura oficial y otra personal».

Por su parte, el general jefe de la 12 Zona de la Guardia Civil, Alfonso Santos Ferreiro, recordó que «la violencia de género no es un delito nuevo, sino que viene de antiguo, pero sobre el que ahora se ha despertado una gran sensibilidad». Asimismo, alegó que la violencia machista es «un problema de toda la sociedad y que algún día llegará a su punto álgido y a partir de entonces decaerá».

Dirigiéndos a los mandos, Ferreiro resaltó la importancia de la cercanía hacía la victima, ya que ésta se encuentra desamparada y no ve salida. Por eso, aboga por la actuación preventiva: «Hay que dar un paso al frente y no esperar a que la víctima de maltrato acuda a la Guardia Civil», señaló.

Tanto Alejo como Santos Ferreiro coincidieron en «la necesidad de luchar y trabajar conjuntamente para erradicar esta lacra».
Para ello, es imprescindible la colaboración y coordinación de la Guardia Civil, las policías locales, los centros de acción social y los centros de salud. Todo ello, con el objetivo de «estar a pie de obra y asi saber lo que puede estar ocurriendo y no es denunciado».

Aumento de denuncias
Alejo destacó que en 2008 se produjeron 1.027 denucias en el medio rural frente a las 935 de 2007, ante lo que señaló que no le importa «que suban las denuncias por violencia de género si es reflejo de que cada vez se denuncia más, de que eso que estaba oculto está floreciendo».

El Plan Autonómico contra la Violencia de Género en el Medio Rural establece 31 zonas de actuación que abarcan a todos los municipios de menos de 20.000 habitantes de la Comunidad con el objetivo de prevenir y perseguir la violencia de género en este ámbito.
En estas 31 zonas de actuación se integran los 254 puestos de la Guardia Civil, los Centros de Acción Social (Ceas) y los centros de salud. Por provincias, Ávila, Burgos, León y Salamanca contarán con cuatro zonas cada una, mientras que Palencia, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora, con tres.

Entre los objetivos de este plan cabe destacar la mejora de la coordinación entre los profesionales implicados y sus recursos, así como el intercambio de información con el fin de facilitar que, una vez interpuesta la denuncia, la víctima sea asesorada sobre el Centro de Acción Social que le corresponde para recibir asistencia social, con seguimiento y la coordinación con el centro de salud.

www.abc.es

Enero ha dejado 46 detenidos por delitos de violencia doméstica en Castellón

Por malos tratos o quebrantar órdenes de alejamiento.
En el mismo periodo de 2008 fueron detenidas 51 personas.

Un total de 45 hombres y una mujer han sido detenidos desde el 1 de enero en la provincia de Castellón como presuntos autores de los delitos de malos tratos en el ámbito familiar y quebrantamiento de medidas cautelares, según informa la Guardia Civil. La última detención se produjo el día 31 de enero, cuando la Guardia Civil de Oropesa del Mar arrestó a un vecino de la localidad, de 46 años, tras la denuncia presentada por su pareja, en la que comunicaba que había sufrido maltrato psicológico y una agresión por la que necesitó asistencia médica.

Órdenes de alejamiento
Así, en lo que va de año, la Guardia Civil de Castellón ha detenido a 37 hombres como presuntos autores de malos tratos en el ámbito familiar, así como a otros tres hombres y una mujer por quebrantar las órdenes de alejamiento que les impedía acercarse a las víctimas. Igualmente la Guardia Civil tramitó las diligencias de cinco detenidos por las policías locales de Burriana, Benicarló, Almassora, Benicàssim y Onda.
Los detenidos son la gran mayoría de nacionalidad española aunque también hay de Rumanía, Marruecos, Bulgaria, Colombia y Ecuador. El pasado año 2008, en el mismo periodo de tiempo, se detuvo a tres mujeres y 48 hombres por delitos relacionados con la violencia doméstica, según las mismas fuentes.

www.20minutos.es

Alejo recuerda a la Guardia Civil que no cabe la doble moral en la lucha contra el maltrato

En la lucha contra la violencia machista "no cabe" una postura oficial y otra personal que "en algunas ocasiones lamentables" se aplica para "justificar algunas actitudes" ha recordado hoy el Delegado el Gobierno en Castilla y León, Miguel Alejo, a los mandos rurales de la Guardia Civil.

Alejo ha dirigido hoy en Valladolid un encuentro con los mandos de las 31 compañías del Instituto Armado que trabajan en los 254 cuarteles de Castilla y León, con responsables de las unidades Mujer-Menor de la Benemérita, de centros de acción social y de salud para analizar el despliegue del Plan Regional contra la Violencia de Género en el Medio Rural, pionero en España.

"No hay más que convicciones éticas y la violencia de género no está nunca justificada ni en el ámbito de lo personal ni el de lo profesional", ha advertido Alejo, quien ha reclamado a los mandos de la Guardia Civil un "compromiso personal" que trascienda al del mero funcionario o miembro de la Guardia Civil, en una tarea en el que "no cabe una postura oficial y otra personal".

En la jornada de trabajo, que en su arranque ha estado abierta a los medios de comunicación, el nuevo jefe de la 12 Zona de la Guardia Civil, la correspondiente a Castilla y León, el general Alfonso Santos Ferreiro, ha apostado por una especial "sensibilización" ante un problema que es de toda la sociedad, que no se puede circunscribir a la esfera de lo privado, y que a su juicio "llegará a un punto álgido a partir del cual comenzará a descender".

El jefe de la Guardia Civil en la Comunidad ha recordado a los mandos rurales que este tipo de delito "requiere de una especial cercanía con la víctima", que se encuentra "totalmente desamparada" no sólo por lo que ha sufrido sino "porque la sociedad todavía es muy proclive a no ver una salida al problema".

En este sentido, ha reclamado una especial sensibilización para "mentalizarse" de que hay que hacer una labor positiva, en la que hay que dar "un paso al frente" y "no esperar a que la víctima" de maltrato acuda a la Guardia Civil sino prestar especial atención para detectar posibles situaciones de violencia machista.

Tanto Alejo como Santos Ferreiro han compartido la necesidad de actuar ante este tipo de delitos, que no son nuevos y entran dentro del ideario del Instituto Armado, de manera coordinada con el resto de administraciones y sectores que trabajan con las víctimas y han incidido en la importancia de la prevención y la información "a pie de obra", en palabras del primero, "para saber lo que puede estar ocurriendo y no es denunciado".

El Plan Regional contra la Violencia de Género en el Medio Rural se puso en marcha en julio pasado y en este momento ya está implantado en toda la Comunidad con el objetivo de coordinar actuaciones y de que no haya ni una sola muerte por violencia machista -en 2008 hubo seis en Castilla y León con 1.027 denuncias en el medio rural (935 en 2007) y 1.800 en el urbano (1.482)-.

Alejo ha argüido que la especificidad de Castilla y León, con 2.248 municipios, de ellos 1.076 con menos de doscientos habitantes, y un setenta por ciento de la población viviendo en el trece por ciento del territorio, hacía necesario un plan propio y ha recordado a sus "queridos guardias civiles" que las medidas no pueden ser las mismas que las que requieren Alicante, Bilbao, Ceuta o Barcelona.

"No me importa que suban las denuncias por violencia de género si es reflejo de que cada vez se denuncia más, de que eso que estaba oscuro y no salía a la luz está saliendo", ha confesado el delegado del Gobierno, quien ha expresado su convicción de que cada vez se actúa mejor contra este tipo de delitos y con más eficacia.

El encuentro ha estado abierto en su primera parte a los medios dada la importancia, según Alejo, que los mismos tienen, ya que informan del 95 por ciento de los casos de violencia machista que se producen, por lo que los datos que se les faciliten deben regirse por "la claridad y la transparencia", con informaciones "muy ponderadas, pensadas y medidas".

Ha recordado que estudios realizados reflejan que cada vez que se da una noticia sobre violencia contra una mujer, "entre veinte y treinta hombres están pensando hacer lo mismo".

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Canarias dispondrá de 2.000 pulseras para maltratadores

El Gobierno invertirá 5 millones para estos dispositivos de GPS, que funcionarán a partir de abril

Canarias dispondrá a partir de abril con algo más de 2.000 dispositivos de pulsera con localizador GPS para los maltratadores y la intención de la Delegación del Gobierno para la Violencia de Género es que "estos sistemas se utilicen con aquellos agresores que aún no hayan sido condenados a prisión, es decir, cuando los denunciados aún mantengan su derecho a la presunción de inocencia". Este dispositivo pretende ser una medida de seguridad activa cautelar que se utilizará en aquellos casos en los que tras la valoración de los especialistas se considere que existe un riesgo objetivo elevado para la víctima.

Según explicó la directora del Instituto Canario de la Mujer (ICM), Isabel de Luis, a La Opinión de Tenerife, tras la reciente reunión sectorial mantenida en el Ministerio de Igualdad con todas las comunidades autónomas, "se presentaron varias propuestas por parte de las regiones y las partidas presupuestarias que habrá para la implantación de estos dispositivos. Una de ellas es de cinco millones de euros que se destinarán a mejorar los sistemas de vigilancia de los agresores por unos dispositivos más eficaces que los que hasta ahora están en vigencia". En este sentido, añadió que "se nos informó que el Ministerio ya ha elaborado el pliego de condiciones para la contratación de un número, todavía no determinado, de dispositivos mejores a los que se han venido utilizando porque la experiencia nos ha enseñado que no son lo suficientemente eficaces tal y como la realidad, desgraciadamente, nos ha demostrado".

De Luis avanzó que a la par "se está explorando el mercado para encontrar el dispositivo más eficaz posible y se está barajando con aquellas comunidades autónomas que llevan a cabo procedimientos eficaces en la lucha contra la violencia, como es el caso de Madrid y Baleares. Todo ello se analizará para desarrollar un sistema en todo el territorio nacional que sea efectivo y dé garantías de seguridad a las mujeres víctimas de la violencia", indicó.

Ejercicio de corresponsabilidad. Isabel de Luis añadió que "a pesar de que desde el Gobierno de España no nos han precisado cuántos dispositivos podrían adquirirse, sí que se les pidió a las comunidades autónomas un ejercicio de corresponsabilidad para que el supuesto de que con estos cinco millones de euros de los que se dispone no puedan atender a todas las demandas de las administraciones regionales sean éstas las que aporten también partidas para cubrir las necesidades en función de las denuncias que existan". El delegado especial para la Violencia de Género, Miguel Lorente, -continúa De Luis- "nos ha prometido agilidad en los plazos para que en abril cada Comunidad tenga los dispositivos necesarios".

Además, "en Canarias hay que tener en cuenta el número de personas que hacen uso de la teleasistencia, actualmente casi 900, aunque lo cierto es que no todas aquellas mujeres a las que se les ha otorgado una orden de protección o a sus parejas se les ha dictado una orden de alejamiento, cuenten con estos dispositivos. Sin embargo, estaríamos hablando de que serían necesarios algo más de 2.000 dispositivos. Ahora vamos a ver si esta cantidad puede ser asumida con cargo a los presupuestos del Ministerio de Igualdad o bien Canarias tendrá que arbitrar alguna fórmula de cofinanciación", concluyó Isabel De Luis.

El agresor debe asumir su control

Desde Canarias, subrayó la directora del ICM, "hemos hecho hincapié en que el derecho a la vida debe garantizarse por todos los medios y por igual en todo el territorio nacional y que los gravámenes de la violencia de género han de padecerlos los maltratadores y no las víctimas, es decir, que todos estos aparatos y todos los dispositivos de control vayan dirigidos preferentemente al agresor y que la víctima tenga la seguridad de que ese señor está controlado en todo momento. No podemos agravar la situación de las víctimas haciéndolas a ellas responsables de su propia seguridad porque esto sería un elemento añadido al sufrimiento que ya padecen como víctimas". En este contexto, De Luis recalcó que los agresores y los sistemas de vigilancia han de estar supervisados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado así como por la Administración de Justicia, porque los sistemas que tenemos en estos momentos pertenecen al ámbito de lo social como es la teleasistencia (acuerdo entre la FEMP y el Imserso), un sistema de telefonía móvil con un localizador de GPS que garantiza cierta seguridad a las víctimas pero que la respuesta ante una posible alerta requiere de un tiempo además de otros condicionantes especiales de cada situación". De Luis apostó también porque "tanto los sistemas policiales, los sociales y la propia ciudadanía deben trabajar por la seguridad y el amparo de las víctimas de forma colaborativa".

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Violencia de género es grave en RD

Olga Segovia Marín es la coordinadora del Fondo de las Naciones Unidas para la Mujer

El incremento de la violencia de género en República Dominicana es causa de alarma tanto a nivel local como fuera del país.

La experta chilena Olga Segovia, coordinadora del Fondo de la ONU para la Mujer, propone incluir el tema en el programa de Seguridad Democrática y dar participación a la sociedad civil.

El incremento en la violencia de género se considera alarmante y debe ser incluido en la política del Plan de Seguridad Democrática, sugirió ayer la experta chilena Olga Segovia Marín.

La experta en seguridad y coordinadora del fondo de las Naciones Unidas para la Mujer (UNIFEM) afirmó que en el país ha podido observar que hay mucho interés por parte de las autoridades en enfrentar el grave problema de la violencia contra la mujer, pero que se debe dar mayor participación a las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil para introducir un enfoque de género.

Luego de participar en un foro organizado por la Red de Acción por una Vida sin Violencia (REDAVI) celebrado el viernes pasado, la señora Segovia dijo que pudo compartir con los dominicanos las experiencias de otros países de América Latina en los que ha trabajado con el tema de seguridad y violencia de género.

El país ha sido incluido en un programa regional denominado “ciudades sin violencia hacia las mujeres y ciudades seguras para todos, según explicó.

Informó que en el país esos programas son auspiciados por UNIFEM y están a cargo de REDAVI; han sido muy exitosos en Colombia, Chile y Argentina, entre otros países.

“Lo que yo he podido apreciar es que es muy interesante la propuesta para que sean incluidas en el Plan de Seguridad Democrática medidas que protejan a la mujer”.

De su lado, Desireé del Rosario, del Centro de Estudios de Género de INTEC, una de las entidades anfitrionas de la señora Segovia, refirió la necesidad de que el Plan de Seguridad Democrática incorpore a sus programas las instituciones de la sociedad civil.

Resaltó que la Seguridad Democrática, declarada como prioridad nacional, debe ser instituido mediante una Ley ante el temor de que sus programas puedan desaparecer en un momento determinado.

Explicó que tal eventualidad puede ser por el cambio del gobierno o del titular de Interior y Policía.

Zoom

Violencia género

Para la experta chilena Olga Segovia la violencia contra las mujeres, además de los uxoricidios (muerte una mujer a mano del esposo) y las agresiones brutales, incluye el maltrato psicológico y otras múltiples maneras de la violencia.

Las políticas

La coordinadora del Fondo de Desarrollo de las Naciones Unidas resalta la importancia de que la política de Seguridad Democrática recoja la preocupación por la violencia de género y que la justicia actúe en forma coherente. En sus planteamientos, Segovia coincide con la vice síndica del Distrito Nacional, Alexandra Izquierdo, en cuanto a la necesidad de que en la Cumbre por la Unidad Nacional se agregue una mesa sobre género y violencia.

Es un flagelo

Segovia Marin estima que un país con el grave problema de la violencia, flagelo que afecta la vida familiar, cotidiana, social y política, es un país que tendrá muchas dificultades para alcanzar su desarrollo.

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Una de cada diez mujeres acogidas al proyecto Fénix logra un empleo

El Ayuntamiento y la asociación 'María Zambrano' renovarán esta iniciativa dirigida a insertar a las víctimas de la violencia machista

Una de cada diez mujeres acogidas al proyecto Fénix ha logrado un puesto de trabajo, mientras que casi la mitad de las beneficiarias se encuentran realizando distintas acciones formativas o en búsqueda de empleo.

Los buenos resultados de esta iniciativa, puesta en marcha el pasado año y por la que han pasado un total de 43 mujeres víctimas de la violencia machista, ha originado que el Ayuntamiento haya decidido renovar el convenio de colaboración con la asociación María Zambrano, encargada de la selección de mujeres interesadas en incorporarse al mercado de trabajo.

El personal responsable del proyecto Fénix -procedente de la Sección de Empleo y Formación del consistorio- se está encargando de elaborar itinerarios personalizados de acompañamiento a mujeres afectadas por la violencia de género, a quienes facilitan recursos y competencias, las ayudasn en la búsqueda autónoma de empleo, les ofrecen información y las motivan para que consigan su inserción en el ámbito laboral.

En definitiva, el objetivo general del proyecto Fénix no es otro que facilitar el acceso al mercado laboral de las mujeres participantes, mediante la orientación, información y asesoramiento con el fin de conseguir que sean autónomas para gestionar su propio proceso de inserción sociolaboral.

Entre enero del 2008 y hasta la fecha, por el proyecto Fénix han pasado un total de 43 mujeres con edades comprendidas entre los 20 y 61 años, de las cuales 16 han sido inmigrantes, once de ellas con permiso de trabajo.

Autonomía
Del total de beneficiarias, 19 causaron baja del programa al verse obligadas a cambiar de lugar de residencia, por enfermedad o porque ya gestionan de manera autónoma su proceso de inserción, circunstancia que ya ocurre en 13 mujeres usuarias.
En la actualidad y según el citado balance, el proyecto Fénix trabaja con 24 víctimas de la violencia machista, cinco de las cuales ya están trabajando en diferentes empresas privadas, aunque mantienen activa su demanda para mejorar el empleo. Además, doce de ellas están realizando distintas acciones formativas cobran beca (nueve de ellas con cargo al proyecto); otras seis están en búsqueda de empleo y una pendiente de iniciar su itinerario.
Importante es reseñar, tal y como destaca la memoria anual, que todas estas mujeres hacen frente a la economía de la unidad familiar, por lo que se ven obligadas a recurrir a la economía sumergida para poder hacer frente a los gastos básicos, pese a lo cual están realizando un «gran esfuerzo» para combinar estas obligaciones con otro tipo de acciones que les permitan acceder a un empleo en mejores condiciones.


ANA MARTÍNEZ
www.laverdad.es

Contra la violencia de género en inmigrantes

Representantes de universidades, organismos internacionales, proveedores de servicios sanitarios, organizaciones no gubernamentales de toda Europa se reunirán desde el lunes, 2 de febrero, en Algeciras para trabajar en la prevención de la violencia de género en áreas de recepción y asilo de inmigrantes.

El Área de Gestión Sanitaria del Campo de Gibraltar actuará de anfitriona y participará en este encuentro a través del Hospital Punta de Europa, quien lleva años trabajando para mejorar la atención sanitaria en la población inmigrante.

La iniciativa ha partido del programa En-HERA (International Centre for reproductive health). El encuentro que se desarrollará entre el lunes y el miércoles en Algeciras será el primero al que acudirán los participantes y servirá para ofrecer una visión multidisciplinar del problema y plantear soluciones e iniciativas.

La inauguración de estas jornadas de trabajo dará comienzo a partir de las seis de la tarde del próximo lunes.

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La Casa de la Igualdad centrará los recursos contra el maltrato

Campo y Antón abordaron las necesidades de la ciudad. / A. G.

Ayuntamiento y Junta estudian cómo unificar toda la información en el local de La Charca


Aunar esfuerzos para mejorar la atención a las víctimas y facilitar el acceso a los recursos. El planteamiento se volvió a poner ayer sobre la mesa y en él trabajarán Ayuntamiento y Consejería de Familia en los próximos meses, para hacer posible que la Casa de la Igualdad sea el punto de referencia desde el que abordar cualquier situación relacionada con la violencia de género.
La idea no es nueva. Ya hablaron sobre ella el alcalde Fernando Campo y el responsable regional César Antón en un primer encuentro mantenido en mayo del año pasado. Lo que se busca, precisó el máximo responsable municipal, es «aprovechar los instrumentos públicos para ahorrar dinero y dar un mejor servicio».
De articular un acuerdo en este sentido está pendiente la inauguración del local de la calle La Charca. Un proyecto gestado a principios de 2006 y que acumula una importante demora. Además aún no hay fecha de inauguración, pero eso no es lo que más preocupa en el Consistorio.
Lo fundamental es que cuando se abra lo haga «con todos los servicios en marcha», los que ahora ya prestan ambas administraciones tanto en el área de Servicios Sociales como en la Subdelegación de la Junta en la calle La Estación. De todos modos, avanzó Campo, «intentaremos que este operativa lo antes posible». Allí se ofrecerá asesoramiento jurídico, ayuda psicológica y apoyo de acceso al empleo, entre otras informaciones. «Trataremos de unificar toda la información para ser más eficaces en nuestro apoyo a las mujeres maltratadas o a todos aquellos interesados en los recursos de igualdad de oportunidades», concluyó Antón.
Acelerar los plazos
Difícil seguirá siendo conciliar mientras no se desbloquee la construcción de las guarderías de Anduva y Bayas, esta última competencia directa de la Consejería de Familia; y que está prácticamente con las manos atadas hasta que no haya una resolución judicial que permita resolver el contrato con la empresa encargada de las obras, Bocsa -algo que hace ya un mes logró la promotora privada de la promoción de 'pequeña'-. Pero mientras trata de reducir al mínimo los nuevos plazos de adjudicación, si bien no parece muy sencillo.
«No ha finalizado el proceso de concurso de acreedores y no podemos rescindir el contrato», apuntó Antón. Eso sí, aclaró que ya estudian las opciones que tienen las administraciones para volverla a adjudicar lo antes posible. «Estamos analizando la posibilidad de hacer un procedimiento negociado y viendo si se establece en la ley de contrataciones del estado el poder coger la segunda oferta. Queremos, dentro de la legalidad, no tener que pasar todo el procedimiento de licitación, publicidad y adjudicación», zanjó.

C. ORTIZ
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Los despidos por maternidad copan las denuncias de las trabajadoras

Cádiz es la sexta provincia andaluza en acoso moral y laboral, según CC OO

Los despidos por maternidad y por ejercer el derecho a la reducción de jornada y los casos de acoso moral y sexual en el trabajo acaparan, por ese orden, la mayor parte de los expedientes abiertos en 2008 en la provincia por el Servicio de Defensa Legal de la Secretaría de la Mujer de Comisiones Obreras (CC OO) Andalucía.

Durante el año pasado se tramitaron 15 expedientes que llegaron a los juzgados para su resolución a raíz de unas 60 consultas. Estas cifras hacen de Cádiz la sexta provincia de la comunidad autónoma, donde los casos tratados se incrementaron en un 40% a lo largo del año anterior respecto a 2007, según los datos que presentó ayer en la capital gaditana Antonia Martos, la responsable de este servicio de CC OO en Andalucía.

Desde que se pusiese en marcha hace doce años, en colaboración con el Instituto Andaluz de la Mujer, el Servicio de Defensa Legal de CC OO Andalucía ha visto incrementada su actividad nada menos que en un 29%. Se trata de una herramientade información y asesoramiento que, además, presta acompañamiento jurídico a todas aquellas trabajadoras que tienen algún tipo de problema laboral.
En el total de su andadura son también los casos de despido por maternidad y los que implican acoso moral y sexual en el ámbito laboral los que sumaron mayor número de expedientes que se tramitaron, que en 2008 fueron 265, con unas 200 mujeres afectadas por despidos.

Pese a ser un servicio destinado a la atención de mujeres, con la ampliación del permiso de paternidad de la Ley de igualdad efectiva entre hombres y mujeres, durante el año pasado se produjo un incremento importante de este tipo de consultas por parte de trabajadores.

Las responsables de la Secretaría de la Mujer de CC OO considera muy llamativos todos estos datos ya que interpreta que con la entrada en vigor del anterior texto legislativo debería haberse producido un descenso de los expedientes abiertos a causa de estos atentados contra los derechos y la dignidad laboral y personal de las trabajadoras.

La Secretaría que encabeza Martos ha editado una Guía sindical frente al acoso por razón de género que va a dar a conocer a delegados y delegadas sindicales a través de cursos formativos con el objeto de que conozcan los procedimientos que hay que seguir para denunciar cualquier tipo de acoso y discriminación que sufran las trabajadoras. Además, insiste en la inclusión dentro de la negociación colectiva de protocolos de actuación para estos casos como medida de prevención, tal y como recoge la Ley de Igualdad.

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La plantilla de justicia se amplia con 19 fiscales, 9 para violencia de género

El Consejo de Ministros aprobó hoy un real decreto por el que se refuerza la plantilla orgánica del Ministerio Fiscal con 19 nuevos efectivos, 9 de ellos destinados a los juzgados exclusivos de violencia de género.

Esta iniciativa fue propuesta por el ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y establece que 9 efectivos se destinan a atender los juzgados exclusivos de violencia de género creados el año pasado.
Todas estas nuevas plazas corresponden a la segunda categoría y serán cubiertas entre los miembros de la carrera fiscal.

Por comunidades autónomas, 6 de estos nuevos fiscales irán destinados a Cataluña, 3 a Andalucía, 3 a Madrid, 3 a la Comunidad Valenciana, 1 a Canarias, 1 al País Vasco, 1 a la Región de Murcia y otro a Islas Balears.

Estas 19 nuevas plazas, que completan la plantilla de 2008, serán efectivas desde el 28 de febrero de 2009 y tendrán un coste anual de 1.226.888,24 euros. De esta forma, la carrera fiscal cuenta con un total de 2.208 efectivos en la actualidad.

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Las mujeres ocupan sólo el 32% de altos cargos

La ley de Igualdad, aprobada por el Parlamento vasco en febrero de 2005, establece que "en el Gobierno ambos sexos estarán representados al menos en un 40%". El tripartito ha acatado ese principio al distribuir las consejerías, pero en el conjunto de sus altos cargos (incluyendo viceconsejerías, direcciones generales y secretarías generales) se queda por debajo de esa cuota: sólo un 32% son mujeres. Los datos, de noviembre de 2008, corresponden a un estudio de Emakunde presentado ayer en Bilbao.

El informe, realizado por un equipo de la UPV, analiza la incidencia que ha tenido dicha ley en la Administración pública y la política, así como la situación en órganos económicos y sociales que no están regulados por esa norma.

Donde más ha influido ha sido en la Cámara vasca, que ha pasado de una presencia femenina de apenas el 7% en 1980 a una clara mayoría de mujeres (el 57%) en la legislatura que acaba de concluir.
Los datos relativos a los ayuntamientos y la representación vasca en el Congreso distan mucho de ser paritarios, pero aumentarán a medida que se aplique la ley de Igualdad española, de 2007.

La directora de Emakunde, Izaskun Moyua, lamentó que los partidos apenas coloquen a mujeres en cabeza de sus listas. El PSE es el único partido cuya ejecutiva cuenta con más de un 40% de mujeres. Todas las patronales, las tres cámaras de comercio, las principales entidades financieras y las empresas vascas que cotizan en el Ibex 35 están presididas por hombres.

Vistas estas cifras, Moyua sentenció que "donde no hay acciones positivas, las cosas apenas cambian" y abogó por extenderlas al ámbito económico. Señaló que las cargas familiares y el mito de que no trabajan al mismo ritmo obstaculizan la promoción de las mujeres. Para refutarlo, puso como ejemplo la Administración judicial, con mayoría femenina incluso en la judicatura. "Cuando los procesos de selección se basan sólo en los méritos, entran muchas", indicó.

Matizó que lograr la presencia de mujeres en ámbitos de poder supone sólo el primer paso. El más importante es que la clase política incorpore la perspectiva de género para atender las necesidades de mujeres y hombres, concluyó.

JUNE FERNÁNDEZ
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Valdefuentes (Cáceres) celebrará el próximo sábado un acto para homenajear a las víctimas de la violencia de género

El Ayuntamiento de Valdefuentes (Cáceres) celebrará el próximo sábado un acto de homenaje a las víctimas de la violencia de género, haciendo así visible el rechazo a este tipo de conductas desde la localidad cacereña, como ha señalado el alcalde, Álvaro Arias.

En concreto, está previsto a las 13,00 horas el descubrimiento de una placa en las puertas del consistorio como acto simbólico de rechazo a la violencia machista y homenaje a las mujeres que han sufrido los malos tratos. Además del alcalde y miembros de la corporación municipal, en el acto participará como invitada de excepción la presidenta de la primera asociación constituida en la región de Víctimas de Violencia de Género y Doméstica (AVIEX), María Ángeles Carmona.

En nota de prensa, Arias hizo hincapié en la importancia de estos actos simbólicos para que "nunca olvidemos que a la violencia machista hay que combatirla desde todos los ámbitos" tanto personal como institucional y que "es una cosa de todos", donde nadie puede ser neutral, ni guardar silencio.

En este sentido, el alcalde cacereño recordó que durante el año 2008 fueron 70 las víctimas mortales de la violencia de género en todo el país, una cifra "que nos debe hacer reaccionar", o que desde Extremadura se han realizado casi 1.900 llamadas al teléfono 061 de información y asesoramiento jurídico en materia de violencia de género. (1141 en la provincia de Badajoz y 742 en la de Cáceres).

Asimismo, el alcalde Valdefuenteño agradeció por anticipado la presencia de María Ángeles Carmona al acto y alabó la labor que están desarrollando desde esta asociación pionera en Extremadura y que se está encargando de proporcionar información, asesoramiento, orientación y apoyo a aquellas personas víctimas de malos tratos.

Especialmente, destaca Arias, es "muy importante" el apoyo que se realiza a la hora de interponer las denuncias, uno de los pasos más difíciles, o de gestionar los papeleos farragosos que se tienen que cumplimentar.

Por último, el alcalde de Valdefuentes invitó a todos los extremeños a participar en este acto, ya sea físicamente o simbólicamente, reflexionando sobre la violencia de género y el papel que juegan todas las personas en esta sociedad.

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Violencia genero. cruz roja atendió el ano pasado 90.000 llamadas de mujeres víctimas de malos tratos

Cruz Roja atendió el año pasado cerca de 90.000 llamadas telefónicas de mujeres víctimas de malos tratos, que poseen un teléfono especial de esta organización, de las cuales, 900 eran por situaciones de riesgo. 70 de las mujeres que utilizaron este servicio fueron agredidas.

José Luis Pascual, director del centro de coordinación del servicio de Teleasistencia de Cruz Roja, explicó a un grupo de periodistas que acompañaban a las ministras Cabrera y Aído en su visita a este centro que "más de 6.000 mujeres víctimas de la violencia de género cuentan con uno de nuestros teléfonos.

Cubrimos Madrid y el norte de España y en 2008 atendimos cerca de 90.000 llamadas".

"A través de este servicio, que funciona las 24 horas, las mujeres están localizadas en todo momento por el centro de atención a través de GPS. Ofrece atención inmediata, acompaña a la mujer amenazada y moviliza los recurso más cercanos en caso de emergencia", añadió Pascual.

La mujer que dispone de este teléfono especial puede activarlo cuando se sienta en peligro sin que el agresor se de cuenta. Al apretar uno de los laterales del aparato, se activa en la modalidad de "manos libres" y la operadora puede escuchar lo que pasa e incluso, explicó Pascual, "en algún caso de rapto ha permitido a la policía localizar al raptor, gracias al GPS".

Las mujeres con orden de protección pueden solicitar este servicio, que está financiado por el Ministerio de Educación, Política Social y Deporte y que es fruto del acuerdo entre el Imserso y la Federación Española de Municipios y Provincias.

Por su parte, Vanesa Díez, psicóloga y una de las supervisoras de este servicio de teleasistencia para mujeres maltratadas resaltó que intentan enviar mensajes positivos a las mujeres, "que dejen de ser víctimas para que afronten su problema y lo resuelvan".

Cuando una mujer pulsa el telefono, en la pantalla de la operadora salen todos sus datos: "su nombre, cuanto hace que sufre malos tratos, si su ex pareja está en la cárcel, cuantos hijos tiene, qué problemas de salud padece y si tiene familiares que pueden ayudarla. Los casos más terribles son los de las mujeres inmigrantes porque están absolutamente solas", narró Díez.

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Torrevieja pone en marcha un Plan Integral de Empleo para víctimas de la violencia de género

» El plan comprende ayudas para las empresas contratantes y formación para las participantes

Un total de 30 mujeres están siendo atendidas dentro del Plan Integral de Empleo para Víctimas de la Violencia de Género, puesto en marcha por el Ayuntamiento a través de la Agencia de Desarrollo Local (ADL) y la Concejalía de Bienestar Social, junto con Infodona y el Servef, con financiación del Fondo Social Europeo, y una subvención total de 90.000 euros. Este plan, presentado por los concejales de Bienestar Social y Fomento, Lola Canales y José A. Sánchez, comprende acciones de formación y tutela para integrar en el mundo laboral a estas mujeres, «muchas veces en riesgo de exclusión social». Asimismo, también contempla ayudas para los empresarios que contraten a las participantes, a razón de 8.000 euros por cada contratación fija o transformada en indefinida, 3.000 por un contrato de 6 meses ó 1.500 por una duración de 3 meses. Este programa finaliza el 30 de octubre de 2009, fecha en que desde el Ayuntamiento esperan enlazar con otro tipo de ayudas.

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