Profesores de Religión de las diócesis andaluzas de Jerez de la Frontera y Cádiz, España, se han reunido para intercambiar informaciones y reflexionar en común sobre la situación gravísima que ha creado la Dirección General de Planificación y Centros de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía [Gobierno autonómico].
Según comunica a Zenit Juan Ortega, del Obispado de Jerez, en la reunión se puso de manifiesto que la Dirección General, "en un plan de ordeno y mando, ha usado un solo criterio, la ratio, y la ha aplicado a los datos estadísticos del alumnado matriculado en el pasado curso. Es así como quiere organizar en toda Andalucía los grupos de alumnos que han elegido la enseñanza religiosa escolar para el presente curso escolar, creando problemas laborales y organizativos muy serios".
Al término de su reunión, los profesores de Religión, llegaron a una serie de conclusiones, según informa el comunicado fechado el 12 de septiembre.
En primer lugar, los reunidos reconocen el derecho que le asiste por Ley a la Administración para planificar la organización de los centros. Lo que no comparten "es que lo haga sin consulta previa a organismos que, como mínimo deben estar informados" y "sin recabar las opiniones de quienes,desde los Equipos Directivos, tienen la obligación de organizar los centros", dado que "afecta seriamente a las relaciones laborales" al hacerse "sin la consulta y negociación con los representantes legítimos de los profesores de religión en los Comités de Empresa".
Los firmantes del comunicado admiten "la necesidad de efectuar una reorganización de la plantilla del Profesorado de Religión en Andalucía". Lo que sin embargo no pueden admitir "es que se haga de forma unilateral y sin hacer uso de la legislación laboral, que obliga a todos, empresarios y trabajadores y que, en ningún caso, se le toleraría a la empresa privada".
Así mismo, lamentan "que en un Estado de Derecho, como es el nuestro, sea precisamente la Administración la que prescinde de la legislación para adoptar resoluciones que son injustas para los alumnos, para sus padres o tutores legales y para los profesionales de la educación que ejercen como profesores de la asignatura de Religión, formando parte de los claustros a todos los efectos".
En este sentido, se comprometen "a hacer uso de todos los cauces legítimos" que les ofrece el estado democrático para reivindicar sus derechos laborales y sindicales, que -afirman- "están siendo conculcados durante demasiado tiempo, de forma que se puede estar rozando el ‘mobbing' laboral colectivo al grupo de Profesores de Religión, ya que es al único grupo profesional al que se le trata de forma tan acosadora".
Los profesores andaluces agradecen "las muestras de solidaridad de todos los que, sean particulares o sean organizaciones, han tomado conciencia de la realidad y han protestado contra medidas discriminatorias como las que se están aplicando al Profesorado de Religión en Andalucía".
Señalan también que "las soluciones de los actuales problemas creados al Profesorado de Religión en Andalucía por la Administración, tienen que pasar necesariamente por el cumplimiento de todo el marco legal existente sobre las relaciones laborales y que tienen que canalizarse a través de sus representantes legales, elegidos para formar parte de los Comités de Empresa".
Denuncian "por ser injusto" que sean los profesores de Religión de Andalucía "los peores tratados en España", ya que en otras comunidades autónomas, aseguran, "han buscado soluciones legales a los mismos problemas para no discriminar al colectivo y respetar los derechos que le otorga la legislación vigente".
Anuncian que se unirán "a todas las medidas que se organicen y que entren dentro del Estado de Derecho" hasta lograr sus objetivos, que -indican- son bien sencillos: "una mayor y mejor estabilidad en un empleo que no lo convierta en precario la propia Administración".
Así mismo confían "en que las organizaciones que tienen la obligación legal de defender a los trabajadores no se limiten a lamentos sobre los problemas creados por la Administración al Profesorado de Religión, sino que exijan soluciones razonables similares a las que ya se vienen aplicando en otras partes de España".
En este sentido, hacen un llamamiento "a la unidad de acción para que, dejando a un lado aspiraciones particulares que pueden ser legitimas, trabajemos todos en la misma dirección" con el fin de que, dentro del presente curso, "además de respetar los contratos indefinidos existentes, se negocie con los representantes legítimos en los Comités de Empresa, para que no vuelva a repetirse ya más una situación similar, porque se haya negociado el Convenio Colectivo propio que necesita el Profesorado de Religión en Andalucía".
Nieves San Martín
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